El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Iruñea ha condenado a cuatro personas, con diferentes cargos en la misma empresa, por un accidente laboral ocurrido en 2008 en el que falleció electrocutado un trabajador. En febrero de 2008, relata la sentencia, la empresa Proyectos y Montajes Eléctricos Ríos contrató a Ayecozar S.L. el encofrado de la obra que Ríos estaba realizando en una parcela del polígono de Fustiñana para construir una nave para el almacenamiento de material eléctrico.

Subraya que la obra se estaba realizando en una parcela por la que pasaba un cable aéreo de media tensión y que era distinta a la inicialmente prevista en el proyecto, por lo que esta circunstancia no estaba contemplada. Sin embargo, por parte de los acusados no se redactó o mandó redactar hasta fecha posterior al accidente un nuevo proyecto que reflejara las circunstancias de la parcela donde se estaban haciendo las obras.

El 12 de marzo de 2008, los trabajadores de Ayecozar estaban retirando con un vehículo elevador las chapas metálicas del encofrado de un muro cuando el brazo telescópico de la máquina golpeó los cables eléctricos y se produjo una descarga sobre uno de los trabajadores, que falleció de forma inmediata. Además, en el momento de los hechos, se había retirado el vallado que protegía la línea de media tensión «pese al grave riesgo que ello suponía», resalta la sentencia.

El juez considera que el accidente se produjo por el «grave incumplimiento y negligencia» con la que actuaron todos los acusados al permitir la realización de las obras sin adoptar las medidas de seguridad necesarias.

El Juzgado ha condenado por estos hechos a los acusados a dos meses de multa con cuota diaria de seis euros por una falta de imprudencia con resultado de muerte y a seis meses de prisión y multa de seis meses con cuota diaria de seis euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Iruñea ha condenado a siete personas a 240 euros de multa por una falta de desobediencia a la autoridad por encadenarse en 2010 en una sucursal del Banco Santander en la plaza del Castillo.