La Diputación guipuzcoana anunció ayer la implementación de una nueva Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) destinada a «cubrir el grave vacío que han provocado los recortes sociales aplicados por el Gobierno vasco» en los últimos meses.

Según explicaron el diputado general, Martin Garitano, y el responsable de Política Social, Ander Rodríguez, la AGI será una prestación que se abonará a las personas que hayan quedado excluidas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), después de que el Ejecutivo autonómico decidiera elevar de uno a tres los años de empadronamiento exigidos.

En líneas generales, podrán optar a la AGI quienes cumplan los requisitos para acceder a la RGI y acrediten un periodo mínimo de empadronamiento de seis meses. Rodríguez adelantó que los trámites burocráticos serán «más sencillos y menos engorrosos» y que esperan contar con la colaboración de los ayuntamientos y los servicios sociales de base, con quienes tiene previsto reunirse la próxima semana.

A finales del pasado noviembre, la Cámara de Gasteiz, con los votos del PSE y del PP, endureció los requisitos de acceso a estas ayudas para la subsistencia que percibían más de 50.000 personas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gema Zabaleta, defendió que el modelo «debe tener limitada la puerta de entrada porque el actual sistema, como está diseñado, no lo podemos sostener».

Recorte del 7%

Por ello, amén de elevar los años de empadronamiento requeridos, la RGI fue transferida a Lanbide y sus perceptores están obligados a aceptar cualquier trabajo «acorde con sus posibilidades». Colectivos sociales y sindicatos subrayaron que la reforma «coacciona» y obliga a aceptar empleos «precarios».

Además, en los Presupuestos para la CAV se recortaron en un 7% las cuantías para prestaciones sociales, ya que si bien el montante total se mantuvo en 280 millones, las previsiones apuntaban a un aumento de solicitantes. El mismo dinero pero más personas para repartirlo. Idoia Mendia, portavoz de Lakua, explicó que el objetivo era que la ayuda llegase a «todas las personas que la necesitan».

Garitano subrayó ayer que sin embargo son muchas las familias que se han quedado fuera de estas ayudas. Según las estimaciones del Departamento de Política Social, solo en Gipuzkoa en torno a 500-600 personas se verán cada año excluidas de esta prestación «que se concede a quienes carecen por completo de ingresos o no alcanzan el nivel suficiente para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas».

«Saber que cada año 600 personas más caen en la pobreza en Gipuzkoa y no hacer nada para remediarlo no es solo una irresponsabilidad política, es también una inmoralidad», remarcó el diputado general.

Causas y consecuencias

Garitano apuntó que las prestaciones sociales no son competencia de la Diputación, pero que buena parte de las consecuencias económicas de los recortes sí recaerán sobre ella. «Los albergues, los centros de acogida de menores y los pisos de inserción social de nuestro territorio van a ir concentrando cada vez más y más gente, lo que supone un enorme coste para las arcas forales. Por eso, vamos a actuar sobre las causas, y no sobre las consecuencias».

El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, fue el encargado de exponer los aspectos más técnicos de esta nueva medida. Así, se elaborará un decreto por el que la AGI sustituya a dos ayudas ya existentes pero que «no se adecúan a la realidad actual», la Ayuda Económica de Inserción Social y la Ayuda Económica Individual.

Rodríguez indicó que la AGI se pondrá en marcha en junio -sin carácter retractivo- y que los fondos necesarios para completar el ejercicio 2012 se obtendrán de las partidas destinadas a las dos ayudas que serán sustituidas. De cara a próximos ejercicios, asumió que «habrá inversiones que no se podrán acometer» pero que «la lucha contra la pobreza es un deber».

Preguntado por un posible «efecto llamada», el diputado guipuzcoano de Política Social descartó en principio esa posibilidad, ya que el sistema de garantía de ingresos de la CAV «es uno de los avanzados» del Estado español y al mismo tiempo este territorio tiene una de las tasas de inmigración más bajas.

Rafaela Romero (PSE) responde

La réplica del PSE no tardó en llegar. Su portavoz en las Juntas Generales, Rafaela Romero, preguntó a la Diputación cómo pagará la nueva ayuda social y consideró que se trata de una maniobra electoral. «¿Se puede jugar con las expectativas de las personas que no tienen para llegar a fin de mes?», criticó.

Además, alertó de un posible «efecto llamada» y denunció la «actitud agresiva, de insulto y de cuestionamiento» que, a su juicio, el Gobierno de Bildu ha tenido frente a Lanbide y las políticas sociales de Lakua. Romero acusó a la Diputación de «hundir económicamente» a los ayuntamientos y le dijo que no pretenda ahora «que se abra una ventanita» en los consistorios para tramitar estas ayudas.