En la primera sesión real del juicio que se sigue contra él por fraude, tras el intento de su abogado de anular todo el proceso, José María Bravo reconoció que cometió «irregularidades» a la hora de ingresar en las arcas de Hacienda el dinero que le entregaban los contribuyentes que tenían deudas con Diputación.

Estas irregularidades, según su propia declaración, consistían en ingresar en metálico en la cuenta corriente de Hacienda las cantidades pactadas con los contribuyentes, pero procedentes del propio dinero de Bravo e ingresar luego en su cuenta particular los cheques o talones bancarios que le habían entregado estas personas que tenían deudas con Hacienda. A preguntas del fiscal, Javier Larraya, Bravo no tuvo reparo en confesar que el dinero que tenía en metálico, y que no había declarado a Hacienda, procedía de sus otros negocios, entre los que citó su empresa inmobiliaria y «trabajos de asesoría y para ayuntamientos».

Sorprendido el fiscal por este reconocimiento de blanqueo de capital, le preguntó por las razones de esta forma de operar, a lo que Bravo respondió que durante dos periodos, entre 1992- 1996 y entre 2001-2003, estuvo a punto de dejar su puesto de trabajo «primero porque estaba terminando la carrera de abogado y, después, porque quería ejercer la abogacía». Aseguró que, en ambas ocasiones y sin dejar su cargo de responsable tributario, inició su incursión en los negocios, «empecé a preparar mis actividades privadas», según sus propias palabras.

Bravo llegó a reconocer que el dinero que generaban sus negocios era opaco para Hacienda -«podría encender todas las alarmas del fisco» llegó a decir- por lo que decidió utilizar los cheques y talonarios de los contribuyentes para hacer visible su capital. «Reconozoco que es un sistema irregular, que no es lo normal, pero en su momento era una buena opción para resolver un problema que yo tenía y que creo que no causaba ningún perjuicio ni al contribuyente ni a Hacienda. Entiendo que no es una buena fórmula y no estoy orgulloso de ello, pero se trata de una irregularidad administrativa que, en mi opinión y a lo sumo, tendrá una tipificación de tipo administrativo», manifestó.

El fiscal le puso como ejemplo el de un contribuyente que fue a la agencia de Irun con un talón de 1.879.112 pesetas y Bravo reconoció que, cuando el afectado llegaba a la oficina, él ya tenía preparada esa misma cantidad en metálico de su propio dinero, luego la ingresaba en la cuenta de Hacienda y el talón lo llevaba para su propia cuenta corriente.

Preguntado por el fiscal por la razón por la que no había informado de esto antes, al comienzo de la instrucción, Bravo declaró que «con la algarabía mediática que se ha montado con este caso; con el daño que se me ha hecho y también a mi familia y amigos; con las filtraciones constantes del sumario a los medios de comunicación de temas de los que yo me enteraba por la prensa, preferí callarme para que no me pidieran treinta años de cárcel. Decidí que no lo diría hasta el juicio».

Posteriormente, Bravo reconoció su titularidad y la de su esposa, Rosa Cobos, en la cuenta de la Caja Laboral en la que ingresaba los cheques que le entregaban lo contribuyentes. Sin embargo, negó que su compañera estuviera al corriente de los elevados ingresos en la cuenta. «Alguna vez, cuando fue a sacar dinero del cajero y vio que había un ingreso de una cantidad elevada, de más de un millón de pesetas, me preguntaba por ello y yo le respondía que eran asuntos míos, profesionales», declaró, para añadir que «no le dije lo que hacía con los cheques porque no estaba orgulloso de ello».

Inocente de los cargos

A pesar del reconocimiento de las «irregularidades», Bravo se mantuvo firme en que es inocente de las acusaciones de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible.

Bravo dijo que «no me apropié de ninguna cantidad y no me queda ni la menor duda de que todo el dinero recaudado fue ingresado en las cuentas de Hacienda», a lo que añadió que «si el dinero no aparece es porque no lo han buscado bien, porque está en Hacienda. No solo no lo han buscado bien sino que tampoco me han dejado buscarlo a mi, lo que prueba una vez más mi indefensión».

El exdirector de la agencia de Irun declaró que la Hacienda de Gipuzkoa tiene «en sus distintas cuentas más de cien millones que no sabe de dónde proceden. Yo creo que está allí el dinero que se me reclama» y dejó caer que algunos expedientes se pueden haber traspapelado «entre las distintas agencias tributarias» del herrialde, estar «perdidos en algún archivo o metidos por error en carpetas de otros contribuyentes».

Otro de los aspectos que resultaron sorprendentes en la declaración de Bravo se refería a su modus operandi en la oficina de Irun. En el sumario figuran 37 casos de empresas o empresarios, que serán más adelante otros tantos testigos en el juicio, que aseguran que Bravo les garantizaba que con la entrega de determinada cantidad en metálico, cheques o talones, su deuda con Hacienda quedaría condonada. Sin embargo, interpelado por el fiscal, caso por caso -hasta más de veinte en la jornada de ayer-, negó que alcanzara tales compromisos. «En absoluto lo hice, en ningún caso les dijeque la deuda quedaba saldada, y es que yo no podía perdonar ninguna deuda porque luego vendría inspección por detrás y se descubriría».

Lo que los contribuyentes afectados califican como perdón de la deuda es, según la versión de Bravo, la resolución de «un expediente de insolvencia, en el que una vez comprobada la insolvencia de los afectados se trataba de recuperar para Hacienda todo el capital posible. Cuanto más se podía obtener de las personas que tenían deudas, mejor era la operación para Hacienda», indicó.

Familiares en una asesoría

El fiscal, Javier Larraya, fue citando uno por uno los casos de personas afectadas por este presunto fraude. Uno de ellos es el de Pedro María Etxaniz Estanga, quien afirma en el sumario que José María Bravo le remitió a la Asesoría Urdanibia para pagar 300.000 pesetas y saldar así su deuda.

Bravo respondió que él siempre enviaba a los contribuyentes a otras asesorías, fundamentalmente de Donostia, pero que Etxaniz y «otros como él» se dirigían directamente a ésta «porque sabían que allí trabajaban por aquel tiempo mi mujer y mi hermana, y pensaban que podían obtener favores del director de la oficina de Irun», que era él.

El juicio continurá mañana por la mañana con el interrogatorio del fiscal.