Después de las duras medidas anunciadas el lunes en el ámbito de la educación, el Gobierno del PP propinó ayer un nuevo golpe a los servicios públicos al aprobar el copago farmacéutico, cuya aplicación afectará sobre todo a los sectores con rentas más bajas y, de forma especial, al colectivo de personas que perciben una pensión contributiva, que deberán abonar el 10% del coste de las medicinas. Aunque quienes están en activo tampoco salen bien parados, pues pueden llegar a pagar hasta el 60% del precio de las recetas.

En apenas cuatro meses, el Gabinete de Mariano Rajoy ha protagonizado un ataque frontal a los escasos espacios del estado de bienestar que quedan por demoler, después de que el Ejecutivo anterior, comandado por José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera acometido igualmente todas las reformas y recortes dictados por los mercados. Además, según ha advertido el presidente español, estas iniciativas son el principio de un paquete que pretende implementar en los próximos meses y que conducirá a buena parte de la población del Estado a una situación de precariedad y pobreza, agravada por una tasa de paro histórica. El PP, asimismo, parece decidido a romper todas sus promesas electorales; en este caso, además de implantar el copago reducirá la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

Algunas de estas medidas afectarán también a los habitantes de Hego Euskal Herria, donde la necesidad de poder articular una política económica y social propia resulta más evidente a medida que la crisis se hace más profunda. En este sentido, la iniciativa anunciada ayer por la Diputación de Gipuzkoa al objeto de paliar los recortes efectuados en la Renta de Garantía de Ingresos son un ejemplo de lo que este país podría hacer en una situación de plena soberanía, y muestra, asimismo, el camino que deberían adoptar las instituciones para garantizar el bienestar de los ciudadanos. En primer término, el de quienes peor lo están pasando.