Hace unos días se filtraba la noticia de que el principal imputado en el fraude de la Hacienda de Irun, José María Bravo, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía según el cual reconocía su culpabilidad, devolvía a las arcas forales de Gipuzkoa el dinero que robó y libraba de la cárcel a su mujer, también imputada. En su larga declaración de ayer, en la que se mostró firme y vehemente, afirmó que es inocente, exculpó a su mujer y a su socio y dijo que el dinero estaba en las cuentas de la Hacienda Foral. Este cambio tan radical, responda a una estrategia de defensa jurídica o a cortinas de humo para no ir al fondo de la cuestión, no debe llevar a perder la perspectiva y a no concentrarse en lo fundamental. A saber: en desenmascarar unas prácticas fiscales que servían para el enriquecimiento personal -está por ver si con el conocimiento y el concurso del partido gobernante-, para institucionalizar las amnistías fiscales a la carta, con un resultado extremadamente caro para los contribuyentes de Gipuzkoa.

Lo que se juzga no es una infracción administrativa. Tampoco una conducta personal. Se juzga una política fiscal que permitía robos millonarios, a plena luz del día, del patrimonio colectivo.