Los parados sin ningún tipo de prestación y los pensionistas con las rentas más bajas serán los únicos que se libren del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno del PP. El resto tendrán que pagar por sus recetas. Este nuevo golpe al sistema público sanitario afectará especialmente a los pensionistas. Hasta el momento, no tenían que abonar ninguna cantidad por sus medicamentos. Ahora, su desembolso oscilará entre los 8 y los 18 euros de máximo al mes. El mordisco al bolsillo de los usuarios, que ya financian las subvenciones estatales a través de sus impuestos, forma parte del plan de ajuste en Sanidad anunciado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que ayer se debatió con las comunidades durante el Consejo Interterritorial celebrado en Madrid.

«Nos comprometimos a que no habría copago sanitario y no lo habrá», aseveró Mato nada más comparecer ante la prensa tras una larguísima reunión de más de cinco horas. Según su versión, para mantener el actual sistema era necesario imponer una factura. No se cobrará por los servicios médicos, pero sí por los medicamentos. Y se hará a través de un mecanismo que la ministra quiso definir como «progresivo y equitativo».

Entre 8 y 18 euros

Los más afectados serán los pensionistas. Precisamente, el sector de población que suele requerir de estos servicios con mayor frecuencia. Hasta ahora, estaban exentos de pagar por sus recetas. A partir de que la medida entre en vigor, que podría ser en dos meses, tendrán que abonar un 10% de lo que cuesten sus fármacos.

La factura será progresiva, aunque se cargará más sobre los bolsillos medios. Para aquellos pensionistas con una renta contributiva inferior a 18.000 euros, el Gobierno prevé un tope de 8 euros mensuales. Quienes superen esta cifra deberán de pagar un máximo de 18.

Únicamente quedan fuera de la recaudación aquellas personas con pensión de jubilación no retributiva, es decir, quienes disponen de menos recursos. Según la ministra, que en todo momento evitó la palabra «copago», sustituyéndola por el eufemismo «contribución», la factura media que se desembolsará al mes oscilará entre los dos y los tres euros.

Un 10% más

También aumentan las tasas para la población activa. Hasta ahora, los trabajadores abonaban el 40% de sus prescripciones. Quienes cobren menos de 18.000 euros al año seguirán pagando lo mismo. Por el contrario, los que superen esta barrera, desembolsarán un 10% más, hasta sufragar la mitad de cada medicamento.

El minoritario sector de las personas que obtienen más de 100.000 euros por año pagará un 20% más de lo que lo hacía hasta ahora, hasta llegar al 60%. No obstante, para ellos también se ha establecido un tope de 60 euros.

Entre la población activa, los únicos que estarán exentos serán los parados sin ayudas y quienes perciben pensiones para la inserción. Finalmente, los enfermos crónicos y las familias numerosas tendrán que pagar un 10% por acudir a la farmacia.

«No es una medida recaudatoria», defendió Mato, que cifró el ahorro para las arcas del Estado en una horquilla entre 1'5 y 2 puntos respecto al total del gasto farmacéutico. «Si quisiéramos haberlo hecho para recaudar, habríamos aplicado otras medidas como, por ejemplo, la tasa por receta», advirtió. Un plus monetario que ya está en vigor en Catalunya y que la Generalitat tiene previsto mantener, tal y como señaló ayer el conseller de Sanidad, Boi Ruiz.

«Turismo sanitario»

El copago farmacéutico, que desde instituciones sanitarias como Satse, sindicato de enfermería, ya ha sido calificado como «repago», no es la única medida incluida en el nuevo paquete de ajuste. El Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros, lo que supone un 10% del presupuesto total en materia sanitaria. Así que la batería de modificaciones es amplia. La primera de ellas, con la que el Ejecutivo quiere conservar cerca de 1.000 millones de euros es un endurecimiento de las condiciones para acceder al sistema sanitario para quien no tenga pasaporte español. Esta es la cifra, en palabras del Ejecutivo, que cuesta a las arcas públicas lo que definió como «turismo sanitario».

Los supuestos son bien distintos, aunque Madrid pretende meterlos todos en el mismo saco. Por una parte, Mato mencionó a ciudadanos europeos que se empadronan en el Estado español para que la tarjeta comunitaria cubra sus tratamientos con cargo a Madrid. Por otro, anunció una modificación de la Ley de Extranjería para que se garantice que los extracomunitarios avalen que «viven, trabajan y pagan sus impuestos» a la hora de recibir asistencia gratuita. «Los extranjeros han usado mal el sistema sanitario», justificó Mato.

Cartera centralizada

La segunda apuesta es la denominada «cartera común de servicios sanitarios». Esto implica una centralización de las prestaciones, de modo que todas las comunidades autonómicas realicen la misma oferta. «No permitiremos que haya prestaciones básicas en unas y no en otras», advirtió la ministra, que señaló que su departamento ya está trabajando sobre un borrador que podría estar elaborado dentro de un mes, para la próxima reunión interterritorial.

La cartera se dividirá en tres apartados. El primero, el básico, que incluye los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como el transporte urgente. Todos ellos seguirán sufragados íntegramente por la Administración. El segundo, el suplementario, entre los que se incluyen servicios como el farmacéuticos, el ortopédico o el dietoterápico y que, según la ministra, ya están sujetos a algún tipo de pago por parte del paciente. Finalmente se sumarán los servicios accesorios, aquellos que, aún no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías.

El Ejecutivo de Rajoy pretende ahorrar 500 millones de euros con esta medida.

Negociar con farmacéuticas

El resto de medidas previstas todavía está por desarrollar. Entre ellas, un catálogo profesional que «facilite la movilidad de los profesionales», una plataforma centralizadora de compras que busca ahorrar más de 1.000 millones al adquirir medicamentos o un fondo de garantía asistencial que cubra los desplazamientos entre autonomías.

Sobre la cuestión de las adquisiciones, Mato aseguró que tratarán de negociar con las farmacéuticas para potenciar el uso de genéricos «sin merma de que se siga innovando con nuevos fármacos», en alusión a los beneficios de estas empresas.

Respuesta en Euskal Herria

La pregunta ahora es qué margen de maniobra queda ante estas medidas. El Gobierno de Lakua, por boca de su consejero de Salud, Rafael Bengoa, cuestionó el copago farmacéutico, considerando que «no es la solución» y que «afectará a los enfermos crónicos». Este constituye el único punto de discrepancia según Bengoa, que aseguró coincidir en un 80% de los planteamientos. No obstante, las asperezas podrían limarse en los próximos días en una nueva reunión que no será notificada a la prensa, tal y como anunció el consejero, que justificó la opacidad argumentando que es necesario «debatir de forma constructiva».

La consejera del Salud del Gobierno de Nafarroa, Marta Vera, tampoco se mostró satisfecha con la carga impuesta a los pensionistas, especialmente a aquellos con rentas inferiores a 18.000 euros y que, tal y como reconoció, son mayoría. Sin embargo, asumió que no existe margen de maniobra ya que, según señaló, «las competencias son del Estado». La consejería de Salud está en manos de UPN y su apoyo al copago podría suponer otro episodio en las aparentes fricciones que mantiene con el PSN, su socio de gobierno. La formación de Roberto Jiménez presentó ayer una declaración institucional para que el Parlamento rechace estos recortes.

Al margen del PSN, también EA salió al paso de los planes del Ejecutivo y denunció que el copago supone un «ataque a las pensiones y al Estado del Bienestar». A través de una nota, la formación soberanista reivindicó un nuevo marco para Euskal Herria que facilite un modelo económico «justo, democrático y solidario» que permita «garantizar la protección social».

Para Catalunya, insuficiente

En el Estado español, únicamente Andalucía y Canarias, las dos únicas comunidades que no están en manos del PP, se convirtieron en el bloque crítico. Por el contrario, Catalunya dio un paso más y la consideró «insuficiente», asegurando que mantendrán sus previsiones presupuestarias que incluyen la tasa de un euro por cada receta.

Desde ámbitos políticos estatales, tanto el PSOE como IU rechazaron la introducción del copago en la factura farmacéutica. A pesar de todo, la mayoría absoluta del PP permitirá su aval sin problemas. Mañana pasará por el Consejo de Ministros, que podría aprobarlo mediante decreto ley.