Un nuevo 28 de abril, día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, llama a nuestra puerta ante una situación de cada vez mayor deterioro de la salud de la clase trabajadora.

Los accidentes de trabajo se cuentan por miles y son un mal enquistado en el medio laboral. El ligero descenso estadístico se debe más a la acción de la coyuntura económica sobre el empleo (despidos, expedientes de regulación de empleo, etc.) que a medidas reales y eficaces. En relación a las enfermedades profesionales, debemos seguir denunciando la escandalosa infradeclaración existente. Si tomamos como referencia el conjunto de la Unión Europea los datos son esclarecedores, por cada muerte en accidente laboral se producen 18 muertes derivadas de enfermedades profesionales. Sin embargo, en Euskal Herria ese parámetro es inverso.

Pero este 28 de abril se produce en el contexto de la nueva reforma laboral que recoge medidas que facilitan el despido y generalizan la precariedad y el poder empresarial absoluto.

Todas estas medidas y en especial el impacto de la pérdida de empleo afectan directa y gravemente a la salud de quien lo padece, pero produce también un empeoramiento en las condiciones de trabajo y de salud de las personas que se quedan en las empresas.

Entre las personas que pierden su empleo, aparecen, de manera rápida y directa, síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, alteraciones nerviosas y un aumento de la prescripción de psicofármacos; el menor poder adquisitivo fomenta hábitos alimentarios poco saludables, aumento de problemas del aparato digestivo y de adicciones, irritabilidad, problemas de piel y circulatorios que pueden acarrear enfermedades cardiovasculares e infartos de miocardio y hasta un aumento demostrado de los suicidios.

El temor a perder el empleo provoca igualmente fuertes perjuicios para la salud física y psíquica (estrés, inseguridad personal y trastornos adaptativos, aumento de trastornos músculo-esqueléticos, etc.).

Asimismo, con la reforma laboral, el despido por causas objetivas de faltas al trabajo aún estando justificadas -bajas laborales de no más de 20 días- va a suponer la reducción del número de bajas pero no de enfermedades. Se generalizará el «presentismo», lo que supone acudir al trabajo estando enfermo. Y el hecho de que vayamos a trabajar sin estar en condiciones de hacerlo, conlleva la disminución de la salud y la capacidad de trabajo. Es posible que aumenten los accidentes y lesiones músculo-esqueléticas debido a trabajar con las capacidades físicas disminuidas, y la transmisión de enfermedades infectocontagiosas al ir a trabajar enfermos.

En seis meses se dotará a las mutuas de nuevas capacidades «para una gestión mas eficaz de la incapacidad temporal». Es muy posible que regulen la capacidad de dar altas en procesos de baja de origen común. Esto, sumado a la posibilidad de despido ante bajas de corta duración, aumentará las consecuencias de la presión, el miedo, los despidos y sus efectos en la salud.

Debido a que la inmensa mayoría de las personas dependemos del trabajo para nuestra supervivencia, está claro que las consecuencias de la reforma -inestabilidad, inseguridad, mayor desprotección, temor al despido, cambio de las condiciones de empleo y trabajo, flexibilidad, contratación más precaria, vulnerabilidad, etc.- y la actual tasa de desempleo tienen una incidencia directa en la salud y en la salud laboral de la clase trabajadora, un peaje a pagar en forma de sufrimiento, enfermedad y muerte. Aunque es probable que en la práctica observemos descensos en las estadísticas oficiales de siniestralidad laboral, debido principalmente al miedo a perder el empleo y al papel de las empresas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas patronales negando el origen laboral de los daños a la salud.

Todas estas situaciones repercutirán en toda la clase trabajadora y afectarán antes y en mayor medida a las personas en situación más precaria en el mercado laboral, como las mujeres, jóvenes, parados de larga duración, inmigrantes... Por tanto, este grave recorte de los derechos laborales y sociales supone una ofensiva contra la seguridad y salud de la clase trabajadora, e implica retroceder en nuestra calidad de vida y de salud, situación que nos parece totalmente inaceptable.

Es por ello cada vez más necesario construir un Marco Propio de Relaciones Laborales y Protección Social, ya que esa es la única manera de protegernos de todas estas agresiones: decidir y construir aquí cuáles son las normas que rigen nuestras relaciones laborales, libres de imposiciones, con un empleo saludable, de calidad y seguro; con un sistema público de protección y de prevención que tenga como prioridad la salud de las personas, libre de mutuas patronales.

En definitiva, un modelo público, universal, participativo y de calidad, donde nuestra salud no dependa de criterios mercantilistas.