La juez argentina María Servini de Cubría ratificó el lunes su intención de viajar a Madrid a primeros de julio para proseguir con la toma de declaraciones a víctimas del franquismo y de extender sus actuaciones a Euskal Herria, comprometiéndose con los querellantes a proseguir con los testimonios en el Consulado de Bilbo. El lunes, tomó declaración durante seis horas a Sabin Arana y Josu Ibargutxi, de la asociación de expresos franquistas Goldatu, a José Galante Chato y Manuel Chivite, de La Comuna, así como a la abogada Doris Benegas en representación de Flor Baena, hermana de José Humberto Baena -fusilado en 1975 junto a Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Angel Otaegi y Jon Paredes Manot txiki-, y a Gema Carretero, querellante por la muerte de su padre, sindicalista, en 1965.

En el despacho de Servini de Cubría, en los tribunales de Comodoro Py, quedaron los expedientes de decenas de represaliados, de denuncias de torturas como la de Andoni Arrizabalaga, de listas con nombres de torturadores, de consejos de guerra como al que fue sometido el propio Chivite en 1975, condenado junto a Baena y Sánchez Bravo y cuya pena capital fue conmutada horas antes del fusilamiento por la de 30 años de cárcel. En total, fueron 46 los testimonios que aportaron.

«Todas las personas con las que tuvimos relación, desde el secretario del Juzgado hasta a administrativos varios, nos mostraron su simpatía en perfecta sintonía con la propia actitud de la juez; amable, interesada en nuestra querella, humana y resuelta a llevar adelante este sumario por delitos de lesa humanidad perpetrados por los franquistas durante los cuarenta años de dictadura. Tuvimos entera libertad para aportar toda la documentación que llevábamos, así como los datos y recuerdos que uno guardaba de sus propias experiencias ante la Policía y en las cárceles, o los relativos a sus familiares asesinados», señalaron Arana, Ibargutxi, Galante y Chivite en una carta remitida a GARA.

Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno español a sus requerimientos judiciales para que identifique y, en su caso, localice a los responsables políticos, militares y policiales desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, Servini de Cubría les reiteró que viajará al Estado español para «requerir esa información y, sobre todo, recabar nuevas pruebas. Es una decisión que ya tenía tomada con anterioridad, pero que reiteró ante nosotros y completó con el compromiso de ir también a Euskal Herria, por su significación especial en la lucha antifranquista y el grado de represión que sufrió», remarcaron.

En opinión de los cuatro querellantes, «lo que hoy es un resquicio a la esperanza, puede convertirse en una bola de nieve que termine por arrasar los restos del régimen que perduran».