Varios integrantes del Tribunal Supremo de EEUU expresaron su apoyo a los esfuerzos de Arizona por tomar medidas contundentes contra la inmigración ilegal, lo que parece rechazar los argumentos de la administración de Barack Obama de que el Gobierno federal tiene la responsabilidad exclusiva de tratar los casos de quienes ingresan ilegalmente al país. El tribunal comenzó ayer a escuchar los argumentos para determinar si tiene capacidad para imponer la dura ley antiinmigración SB 1070, que prácticamente criminaliza la entrada ilegal en el país, frente a la negativa de la Casa Blanca. Las preguntas y comentarios de los jueces conservadores -mayoría en el tribunal- sugirieron que los estados tienen amplio margen para adoptar este tipo de leyes.