Fue una jornada intensa la que vivieron las 80 personas que participaron ayer en el teatro gernikarra en la iniciativa de Ahaztuak 1936-1977. La economista Nekane Jurado abrió la sesión matinal de la Audiencia exponiendo el origen económico del golpe de 1936, con el que las clases dominantes, según apuntó, frenaron la redistribución de la renta entre unas clases populares cada vez más concienciadas y combativas. Tras la victoria de los franquistas, subrayó, el control de las empresas y de la propiedad quedó en manos de los promotores del golpe.

Jurado tuvo tiempo para recordar que el levantamiento militar contra la II República española se asemeja a lo vivido décadas después en Argentina y Chile y no perdió la ocasión de calificar de «golpe» lo vivido en Grecia e Italia, o la llegada de personas de la «cupula económica», como el ministro del PP Luis de Guindos, al Ejecutivo.

Conchi Fernández, hija de Anton Fernández, muerto durante la represión policial de 1969 en Erandio; Manolo Castrillo, otra víctima de aquellos sucesos; o Fermín Pérez Elexpe, cuyo hermano cayó abatido en 1975 por las balas de la Guardia Civil cuando repartía propaganda a favor de los trabajadores de Potasas de Navarra, dieron a conocer sus demandas de justicia.

Xabier Amuriza y Julen Kaltzada, curas que fueron encarcelados en la prisión concordataria de Zamora, señalaron la connivencia de la jerarquía de la Iglesia católica con el régimen fascista y su compromiso para hacer frente a la españolización de Euskal Herria. La hija y el nieto de Doroteo Calzada, uno de los ocho busturiarras fusilados en 1937, denunciaron su caso, como lo hizo la morgarra Marijo Zorrozua, sobrina de Teofilo Zorrozua, uno de los 42 tripulantes del mercante Udondo que fueron fusilados en Ferrol después de ser apresados en alta mar por un barco franquista.

Al escenario de Lizeo Antzokia subieron también, a exponer diferentes casuísticas, integrantes de la asociación SOS Bebés Robados, quienes insistieron una y otra vez en denunciar la impunidad. En su relato, recordaron las teorías del comandante y siquiatra Antonio Vallejo-Nájera, quien defendió que las personas de ideología marxista tenían una mentalidad inferior. A partir de esos planteamientos paranoides, el régimen impulsó la separación de los hijos de sus progenitores por el hecho de defender ideas de izquierda.

Crimenes de lesa humanidad

Desde SOS Bebés Robados abogaron porque todo lo relacionado con esos casos sea considerado por las autoridades como crímenes de lesa humanidad, lo que lleva aparejado que no prescriben. En la actualidad, lamentaron que se encuentran con la paradoja de que después de descubrir algún delito, algunos jueces decretan la prescripción escudándose en los años trans- curridos.

En su intervención, expusieron cómo lo que en un principio era poner en práctica las tesis de Vallejo-Nájera derivó con el paso de los años y beneficiado por la impunidad con que se movieron los componentes de esas tramas -muchos de ellos vinculados a la Iglesia católica- en prácticas con el mero objetivo de beneficiarse económicamente del sufrimiento de personas humildes y desamparadas.

Impactó el testimonio de Beatriz Petuya, que sigue buscando a un tío que fue entregado a una institución de monjas de Barakaldo cuando sus progenitores fueron al frente, o el de Daniela Zorrozua, que perdió a su hermano en 1937 después del bombardeo de Turtzioz.