Primero de Mayo | propuesta socio-económica
La alternativa soberanista apuesta por el sector público y la inversión productiva
Izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba presentan su propuesta socioecónomica, que incide en la necesidad de la soberanía plena
Joseba SALBADOR | DONOSTIA
Invertir en el tejido productivo vasco, con una actuación decidida del sector público que defienda los sectores estratégicos, todo ello en el marco de una soberanía política y económica plena. Es, en pocas palabras, el objetivo último del proyecto estratégico que presentaron ayer la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba, convencidos de que la situación actual exige decisiones urgentes para situar las bases de otro modelo socio-productivo.
La propuesta de los partidos abertzales, recogida en un extenso documento de 50 páginas, comenzó a divulgarse ayer a través de las webs irtenbidea.net y haysalida.net, y su presentación pública se hará el próximo domingo en el frontón Labrit de Iruñea. Con ella, pretenden demostrar que «es posible otra forma de gestión política e institucional, que dé respuesta a las necesidades reales de la sociedad vasca».
Tras realizar un extenso diagnóstico de la actual situación económica mundial y de Euskal Herria, la propuesta de los partidos abertzales detalla una serie de actuaciones concretas que tienen como eje central la inversión en el tejido productivo vasco, como la mejor opción para hacer frente a la crisis.
«Con el objetivo de crear riqueza y empleo de calidad y garantizar un futuro digno para nuestras futuras generaciones, proponemos invertir en la producción de bienes y servicios y en el desarrollo y transformación del tejido productivo vasco, así como impulsar sinergias entre los diferentes territorios de Euskal Herria, siendo el sector público el motor de esta apuesta», indica el documento, que aboga asimismo por «la innovación, la diversificación, el equilibrio intersectorial y medioambiental y por la defensa de sectores estratégicos de nuestra economía».
En cuanto al sector primario, considera que es necesario establecer «modelos sólidos de agricultura y ganadería que garanticen la sostenibilidad del sector, que apuesten por la calidad e impulsen una explotación de la naturaleza que no genere pérdidas de biodiversidad», todo ello acompañado de la apertura de nuevas vías y estructuras de comercialización «que den valor añadido a nuestros productos tanto agropecuarios como pesqueros.
En cuanto a la política industrial, apuesta por aumentar la diversificación productiva descentralizada a favor de los eskualdes, se opone a los procesos de deslocalización y a la fuga de capitales «en busca de condiciones laborales de explotación», y propone una actuación pública de carácter estratégico en ciertos sectores, así como un conjunto de medidas complementarias que refuercen dicha intervención. Entre ellas, se menciona la posibilidad de «articular capitales públicos y privados orientados a la mejora de las relaciones interindustriales; considerar sectores emergentes de alto contenido tecnológico y mercados crecientes, siempre que aumenten el beneficio social; impulsar empresas industriales públicas o semipúblicas en bioindustria, energías renovables e 'ingeniería urbana'; y potenciar el desarrollo científico-tecnológico de las empresas».
Para ello, propone dos medidas concretas, la primera de ellas «la puesta en marcha de un fondo estructural de inversión y creación de empleo que optimice los recursos públicos en I+D+i, fomente la inversión productiva, busque el ahorro energético, mejore la cualificación profesional, garantice la no exclusión en el mercado laboral y mejore la formación laboral». La segunda medida sería la creación de un servicio de vigilancia tecnológica e inteligencia que sensibilice a las pymes sobre el uso de la información como herramienta estratégica.
Creación de servicios públicos
En el sector servicios, el documento dedica una atención especial al trabajo doméstico y al cuidado de personas dependientes, ya que su trabajo «está invisibilizado y la mayoría de las veces no es remunerado y, cuando lo es, se desempeña en condiciones de precariedad o en la economía sumergida». En este sentido, y frente a la subvención a la familia, apuesta por la creación de servicios públicos que desempeñen tales tareas. Y frente a la extensión del copago de tales servicios, apuesta por que sean financiados a través del sistema impositivo general. «Solo así garantizaremos los servicios de cuidado de calidad a los que toda la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones».
El documento defiende también la oferta de servicios sociales públicos, «y no la oferta pública de servicios sociales». Ello supone que debe de ser la administración pública quien los ofrezca directamente.
La propuesta socio-económica tampoco pasa por alto la difícil situación que atraviesa el sector del comercio. En este apartado, considera necesario impulsar y proteger el comercio local, «especialmente el pequeño comercio, promoviendo la colaboración con las asociaciones de comerciantes, ayudándoles a utilizar las nuevas tecnologías, priorizando los productos locales, impulsando las iniciativas que fortalecen la vida de los pueblos y protegiendo los derechos de los trabajadores».
Y en cuanto al sector financiero, propone impulsar la creación de un sistema público «que permita orientar el ahorro público hacia las necesidades sociales y la inversión productiva en Euskal Herria. Necesitamos una política financiera pública -añade- para demandar que el ahorro de la ciudadanía vasca en manos de la banca privada se reinvierta en Euskal Herria, y no en la especulación».
Políticas fiscales
Junto a las propuestas dirigidas a impulsar los distintos sectores productivos, el documento de Alternatiba, Aralar, Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale aboga también por otro modelo fiscal. A su juicio, «el sistema tributario para construir una democracia social debe recuperar el principio de igualdad y de progresividad en el tratamiento fiscal de todas las rentas».
Además de considerar ineludible la asunción de «un compromiso firme en la lucha contra el fraude fiscal», enumera una serie de propuestas entre las que destacan «acometer una reforma del IRPF para convertirlo en un impuesto más progresivo y solidario; mantener el Impuesto sobre el Patrimonio; poner fin a la competencia fiscal y a la rebaja del Impuesto sobre Sociedades; recuperar la soberanía fiscal plena y suprimir los privilegios fiscales y las condonaciones discrecionales».
En otro apartado, la propuesta socio-económica se fija en la necesidad de articular un nuevo modelo de organización territorial «lo más descentralizada posible, que facilite la participación basada en el desarrollo endógeno y tenga en cuenta la vertebración de Euskal Herria». Así, apuesta por tomar como eje las comarcas y cuadrillas, y articular una organización territorial que posibilite «una gestión más eficaz y que evite solapamientos de competencias entre diferentes administraciones».
Este modelo debería impulsar «la racionalidad entre los servicios y los núcleos de población» y contar con un transporte público «que asegure la movilidad natural». En este sentido, ve necesario fortalecer los ejes comarcales y el ferrocarril e impulsar la cohesión entre territorios y pueblos, «evitando la marginación de eskualdes». Por ello, muestra su oposición «a las infraestructuras faraónicas» y apuesta por infraestructuras que se desarrollen «pensando en las personas, respondiendo a las necesidades sociales y no a los intereses empresariales».
Por último, el documento hace una apuesta por modelos energéticos «naturales y descentralizados, adecuadamente gestionados, eficaces, eficientes y sostenibles, que causen el menor daño posible a la salud y a la naturaleza», y defiende por ello el desarrollo e incremento de la utilización de energías renovables.
El documento dado a conocer ayer por la izquierda abertzale, Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, además de lanzar propuestas concretas para hacer frente a la crisis, hace especial hincapié en la necesidad de que dichas medidas se ejecuten en un marco de soberanía política y económica plena.
«Nuestro objetivo es obtener los recursos y las herramientas necesarias que garanticen el poder responder a las necesidades de los ciudadanos y para ello -subraya- es obvio que necesitamos la soberanía».
El documento sostiene que la actual crisis económica «ofrece una oportunidad inmejorable para analizar los límites que impone el actual marco institucional» y añade que la mayoría de las medidas tomadas por la UE, el gobierno del Estado Español y los gobiernos autonómicos «han sido medidas orientadas a revitalizar el modelo existente: reducir los costes a las empresas, avanzar en el desmantelamiento público y establecer en la sociedad estímulos para el consumo».
Tras recordar que el modelo de estatutos de autonomía actualmente en vigor está agotado «por sus límites de diseño, por los recortes habidos en la transferencia de competencias y por la involución autonómica», concluye que los retos que hoy en día afronta la economía «exigen dotarnos de nuevos instrumentos».
En este sentido, subraya la necesidad de «tener voz en Europa, por ejemplo en el Ecofin, teniendo en cuenta la estructura fiscal propia de nuestros territorios». Asimismo, considera necesario «facilitar que nuestra red productiva afronte los nuevos retos y se pueda ubicar mejor en los niveles de alto valor añadido», así como «desarrollar un marco propio de relaciones laborales y de protección social que garanticen condiciones de trabajo y vida dignas». J.S.
En cuanto a la política industrial, se opone a los procesos de deslocalización y a la fuga de capitales «en busca de condiciones laborales de explotación», y propone una actuación pública de carácter estratégico en ciertos sectores.
El documento considera necesario establecer «modelos sólidos de agricultura y ganadería que garanticen la sostenibilidad del sector, que apuesten por la calidad e impulsen una explotación de la naturaleza que no genere pérdidas de biodiversidad».
En referencia al sistema tributario, propone acometer una reforma del IRPF para convertirlo en un impuesto más progresivo y solidario, recuperar la soberanía fiscal y suprimir los privilegios fiscales y las condonaciones discrecionales».
La propuesta socio-económica de los partidos abertzales efectúa un diagnóstico de la actual situación económica tanto en el ámbito mundial como en Euskal Herria, cuya principal característica, según señalan, es «la concentración de riqueza y poder en los oligopolios financieros internacionales», lo que los convierte «en dueños absolutos de la economía mundial en perjuicio de la clase trabajadora e incluso del capital no financiero».
En este sentido, denuncian la ingente deuda pública generada en los últimos años, motivada por el gasto en «obras, infraestructuras y subvenciones en beneficio del gran capital», lo que ha llevado ahora a reducir al máximo el gasto público para poder hacer frente al pago de la futura deuda. Pero esto tendrá, advierten, tres consecuencias graves: «El sector público y los servicios sociales se debilitarán notablemente; empeorarán las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora y de la población en general y, en especial, de las mujeres y de los sectores más desfavorecidos; y, por último, se impedirá el desarrollo real de la propia economía, creando las condiciones para futuras crisis económicas y sociales».
A juicio de los partidos abertzales, las élites económicas «saben muy bien que ya es imposible liquidar la deuda de determinados países occidentales».
En lo que se refiere a la situación de Euskal Herria, consideran que el sector público ha sido víctima también de la política de «despilfarro» de los últimos años y que determinados sectores «ya están sufriendo duramente la crisis».
No obstante, subrayan algunos valores positivos de la economía vasca, como que «todavía sigue siendo más diversificada» o que «la burbuja inmobiliaria no tiene la misma importancia» que en el Estado español. Asimismo, destacan que «las pymes, la cultura industrial, las cooperativas, la economía social siguen teniendo mucha importancia», así como «el nivel de formación de la juventud y, sobre todo, el desarrollo propio y la organización social».
Por todo ello, consideran que la propia situación de crisis económica «abre la oportunidad de alcanzar acuerdos en torno a otro modelo de desarrollo y de organizar nuestro país de otra manera. En Euskal Herria -concluyen- las mayorías sociales y los niveles de concienciación y organización permiten abandonar este sistema depredador de personas y de bienes naturales y poner en marcha otro justo, solidario y sostenible». J.S.
En cuanto al sector financiero, la propuesta de los partidos abertzales defiende una política financiera pública «para demandar que el ahorro de la ciudadanía vasca en manos de la banca privada se reinvierta en Euskal Herria, y no en la especulación».
