Siete empresas de escoltas renunciaron a seguir dando servicio a Lakua en febrero
Siete empresas de seguridad que prestaban servicios de escolta desde noviembre de 2010 para el Gobierno de Lakua rescindieron sus contratos de mutuo acuerdo con la administración en febrero, debido a la reducción de labores tras el fin de la lucha armada de ETA.
Iñaki IRIONDO |
Siete empresas de seguridad renunciaron en febrero a seguir prestando sus servicios al Gobierno de Lakua tras la reducción de escoltas acometida por el Departamento de Interior desde agosto de 2011. Estas empresas cobraron la indemnización acordada con la aplicación del 10% del precio de los servicios pendientes de realizar en concepto del beneficio dejado de obtener. Casi todas ellas mantienen en la actualidad conflictos con los despedidos por las condiciones de pago de finiquitos e indemnizaciones.
Con la decisión de ETA de dejar la lucha armada, el mantenimiento de servicios de escolta dejó de ser un negocio tan lucrativo como deseaban para muchas empresas de seguridad. La fuerte reducción de protección para políticos, empresarios y jueces decidida por el Departamento de Interior hizo que menguaran los beneficios incluso de aquellas que seguían manteniendo la mayor proporción de «acompañamientos».
Pese a que el contrato iniciado en noviembre de 2010 tenía continuidad hasta el 31 de mayo de 2012, la Consejería que dirige Rodolfo Ares ha informado recientemente al Parlamento de Gasteiz que las firmas Casesa, LPM, Coviar, Segur Iberica, Eulen, Umano y Garda rescindieron sus servicios en febrero «de mutuo acuerdo» con el Gobierno de Lakua. Con el cobro de la indemnización, renunciaron a ejercer cualquier tipo de reclamación por la finalización de sus contratos.
La cuarta se quedó con todo
Tras esta resolución de contratos, los servicios de escolta que todavía tenían vigentes estas empresas, pasaron todos ellos a Ombuds, mientras que Sabico no renunció a su contrato y sigue manteniendo algún protegido, según la documentación remitida por Interior.
De acuerdo con la legalidad, los escoltas que tienen un protegido y que trabajaban para otra empresa, tenían que ser contratados por Ombuds hasta el 31 de mayo para seguir haciendo ese trabajo en las mismas condiciones que en su compañía de procedencia. Según algunas fuentes, eran 102 escoltas. Y, al mismo tiempo, Ombuds ha puesto en marcha un ERE para despedir a 240 empleados de servicios que han desaparecido o «subrogados» que no aceptaban las condiciones impuestas por su nueva empresa.
Resulta llamativo que la empresa que mayor porcentaje de adjudicaciones obtuvo en el concurso de 2010, Casesa, haya renunciado a sus servicios. Al igual que Coviar, otra de las mejores puntuadas en los lotes a los que se presentó.
La compañía que se hace con todo el trabajo existente, Ombuds, quedó en cuarta posición en los doce lotes en los que se dividió el concurso. Si obtuvo mejores posiciones en el reparto final de servicios, fue porque empresas que estaban por encima suyo se concentraron en otros lotes.
En la actualidad, la protección de políticos, cargos institucionales y miembros de la judicatura por parte de escoltas privados se ha reducido a unas pocas decenas de casos, «en función de los estudios de riesgo y los criterios establecidos por la Ertzaintza, en coordinación con el Ministerio de Interior», según señala Rodolfo Ares.
El otro campo en el que se siguen ofreciendo servicios de acompañamiento de escoltas es el de la protección de mujeres víctimas de malos tratos por parte de sus parejas. Según los datos de la Consejería de Interior, a fecha de 15 de marzo de 2012 había 48 mujeres escoltadas.
En la CAV, los servicios de escoltas a mujeres víctimas de la violencia machista comenzaron el 29 de noviembre de 2004. Y en la actualidad la protección con «acompañamiento» se complementa con la entrega de teléfonos «Bortxa», dotados de GPS que permiten el contacto directo de una amenazada con la Ertzaintza y su localización inmediata.
A pesar de que en determinados medios de comunicación se difundió la noticia de que en la actualidad 482 disponen de un teléfono «Bortxa», según la respuesta parlamentaria de Rodolfo Ares, este número se reduce a 194. I.I.
Los EREs que se están dando en las empresas de seguridad como consecuencia de la última reducción de escoltas se han visto afectados por la reciente reforma laboral, con el consiguiente abaratamiento de los despidos.
