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Urdangarín y Torres buscan un acuerdo con la Fiscalía para eludir la cárcel

El Ministerio Público confirmó que los abogados de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres han pedido a la Fiscalía Anticorrupción de manera informal mantener conversaciones para intentar alcanzar un posible acuerdo de conformidad que les exima de la cárcel.

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Los abogados de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres han pedido a la Fiscalía Anticorrupción de manera informal mantener conversaciones para intentar alcanzar un posible acuerdo de conformidad que les exima de ir a prisión, aunque aún no se ha producido ninguna reunión en este sentido..

Así lo confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público que destacaron que tanto el letrado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, como el de Torres, Manuel González Peeters, hablaron en los pasillos de los juzgados con representantes de Anticorrupción con el objetivo de intentar lograr un posible pacto.

Dicho acuerdo pasaría, según lo comunicado al fiscal por los letrados, por que los imputados reconocieran los delitos investigados en la pieza del caso Palma Arena sobre el Instituto Nóos por un supuesto desvío de dinero público, que devolviera la cantidad presuntamente malversada y aceptaran una pena de prisión de 2 años o menor para evitar el ingreso en la cárcel.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, dijo que estos acuerdos son una práctica habitual y que si los acusados devuelven el dinero defraudado al erario público ganaría toda la sociedad y, además, se lograría en cierta medida «desatascar» el colapso de los juzgados.

«Esperpento»

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó ayer que habría que calificar a la justicia de «esperpento» si se llegara a un acuerdo con los imputados.

Lara además dijo esperar que la frase «la justicia es igual para todos» -pronunciada por el rey Juan Carlos- se cumpla.

urdangarín

Según el diario «El País» Iñaki Urdangarín ha tomado la iniciativa de intentar negociar con la Fiscalía ya que en su caso «se impone la necesidad» de evitar la celebración de un juicio que podría «erosionar aún más la imagen de la monarquía» española.

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