Barcelona simboliza esta semana el signo de los tiempos que corren actualmente por el sur de Europa. Dentro del lujoso Hotel Arts, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebrará una cumbre en la que, a falta de sorpresas, mantendrá la actual política monetaria e insistirá en la necesidad de acometer las reformas estructurales en Estados como el español. Al mismo tiempo, 8.000 agentes velarán desde hoy por la seguridad del evento y para que a ningún energúmeno se le ocurra manifestarse contra las austeras directrices del BCE. Sin embargo, todo tiene sus matices.

Así lo señalan los expertos en cuanto a las decisiones que se puedan tomar de puertas adentro, que hablan de un posible cambio de tono del BCE debido a la situación límite de algunos estados y a los últimos anuncios realizados desde Berlín y Bruselas con el objetivo de impulsar el crecimiento.

El Consejo de Gobierno de dicha entidad -formado por los 17 gobernadores de los bancos centrales de los países del euro y los seis miembros del Comité Ejecutivo- podría, según señalan diversos analistas, acercar su discurso al de la Reserva Federal estadounidense y realizar algún pequeño guiño a las políticas de crecimiento, sin poner en duda la sacrosanta austeridad. Las recientes palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, ante el Parlamento europeo, en el que defendió la combinación de un pacto presupuestario con un pacto de crecimiento, así lo dan a entender. Sin embargo, y a falta de nuevo aviso, el suministro de liquidez se mantendrá en los mismos parámetros, igual que la tasa de interés, en el 1%.

La economía española, con la prima de riesgo por las nubes y la recesión y el empleo por los suelos, será una de las grandes protagonistas del encuentro y, como viene siendo habitual, se espera una de cal y otra de arena. Los analistas coinciden en que se criticará la situación de la economía española para exigirle más reformas, al tiempo que se le felicitará por las ya emprendidas. Estrangulamiento y palmadita en la espalda; imposible olvidar la escena ofrecida recientemente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, junto al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

Ciudad blindada

Más allá de las decisiones que se tomen en la Cumbre, la expectación mediática recae en gran medida sobre lo que pueda suceder en las calles de Barcelona, caldeadas en las últimas semanas por la actuación de los Mossos d'Esquadra y su responsable político, el conseller de Interior, Felip Puig. De hecho fue él mismo quien convocó, de alguna manera, la protesta contra la Cumbre del BCE, poniendo en el calendario un evento que los movimientos sociales ni siquiera sabían que existía. Con un modus operandi parecido al del día de la huelga general -en el que anunció que habría disturbios a las 8.00 horas y luego desató la represión policial- Puig habló antes que nadie sobre el peligro de manifestaciones violentas con motivo de la reunión del BCE, para acto seguido anunciar un espectacular despliegue policial que mantendrá en jaque a la ciudad con 8.000 agentes en la calle.

Se trata de uno de los despliegues policiales más importantes de los últimos años en la capital catalana, criticado hasta por uno de los sindicatos de los Mossos, SME-CCOO, que en un comunicado calificó el dispositivo de «faraónico».

Y es que, más que en la importancia de la Cumbre, los motivos para entender tamaño dispositivo policial hay que buscarlos en la campaña represiva puesta en marcha por el Departament de Interior desde los sobredimensionados incidentes de la huelga del 29 de marzo. Una escalada represiva que mantiene en prisión preventiva a cuatro huelguistas, que ha extendido las identificaciones callejeras por parte de los Mossos y que ha alcanzado su punto álgido con la publicación de una web con fotografías de 68 personas supuestamente implicadas en disturbios.

Pero los Mossos no dan abasto, por lo que, tragándose el orgullo catalán tan pregonado desde el Govern, han pedido ayuda al ministerio de Interior, que no ha tenido problema alguno en enviar a 3.500 guardias civiles y policías a patrullar, años después de su retirada, las calles de Barcelona.

No es el único servicio prestado por Interior, ya que, desde el sábado, el espacio Schengen permanece suspendido y los controles fronterizos han vuelto a esta parte del Pirineo. En los primeras días de aplicación, 31 personas no pudieron cruzar la frontera, mientras que otras 12 fueron detenidas por órdenes de captura previas.