El concepto de justicia transicional surge al término de la Segunda Guerra Mundial, tras la constatación de las conculcaciones de derechos humanos (fusilamientos, genocidios o campos de exterminio) que se produjeron, según explicó Garmendia. Los aliados impusieron su justicia, la de los vencedores, que se plasmó en los juicios de Nuremberg, Tokio y Roma. Ya en 1945 surge el concepto de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas, aunque el concepto tomó un nuevo impulso en 1997, tras las guerras de los Balcanes y la creación del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Portugal, tras la Revolución de los Claveles, o Grecia, tras la dictadura de los coroneles (ambas en 1974), y varios países sudamericanos son otros escenarios en los que se han llevado a cabo experiencias de justicia transicional, a diferencia de lo ocurrido en el Estado español tras la muerte de Francisco Franco.

Garmendia desgranó los objetivos que debe cumplir la justicia transicional. El primero de ellos es determinar el alcance total y la naturaleza de las conculcaciones de derechos humanos registrados, sacando a la luz los causantes de las mismas y sus responsabilidades.

En segundo lugar, se deben abrir procesos judiciales híbridos e internacionales. El término híbrido hace referencia a que junto a los tribunales ordinarios deben impulsarse otros foros, como las comisiones de la verdad.

En tercer lugar, debe promover la reparación, mediante el reconocimiento simbólico e, incluso, indemnizatorio, así como subrayar la legitimidad de la lucha mantenida por los opositores al régimen conculcador de derechos humanos. En este sentido, Garmendia destacó que es imprescindible la reivindicación de la amnistía como reconocimiento de esa legitimidad y recordó que en 1977 en el Estado español fueron los represores franquistas quienes se beneficiaron de la denominada Ley de Amnistía, mientras que los opositores al franquismo fueron indultados.

El cuarto objetivo es conseguir sentar las bases para que esas conculcaciones no vuelvan a repetirse. Una vez más, esta es una de las carencias que se registró tras el franquismo, ya que quienes ocupaban el control de las estructuras de poder económico y político se mantuvieron en su puesto.

El quinto objetivo es promover la convivencia y la reconstrucción social y el sexto es preservar la memoria, para lo que tienen una importancia fundamental los centros de documentación o los currículos educativos. Este último objetivo entronca directamente con la denominada batalla del relato, con el cómo se va a explicar a las nuevas generaciones la represión y la resistencia registradas en una etapa histórica.

La justicia transicional es, por tanto, un proceso, no algo que se lleva a cabo en un momento puntual, y no se refiere solo a la acción ante los tribunales sino que abarca muchos más ámbitos.

Junto a ello, Garmendia subrayó la necesidad de acudir a tribunales internacionales para denunciar las conculcaciones registradas en Euskal Herria, aunque destacó que esta vía no debe ser una excusa para no trabajar en otros ámbitos por la liberación de Euskal Herria. «Hay que tener preparada una causa, basada en datos y en documentación para poder presentarla. Los juicios en Chile comenzaron gracias a las denuncias que se presentaron cuando Augusto Pinochet aun vivía, a pesar de que en su momento fueron desestimadas».

«La verdad, la justicia y la reparación son un todo interdependiente. No se puede dar un poco de una y otro poco de la otra. O se da o no se da. Si no, tenemos las bases para que las conculcaciones se repitan, que es lo que sucedió en 1977», añadió Garmendia.