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Trabajadores de Bideberri exigen a la Diputación una solución al conflicto

La empresa Bideberri, subcontrata de la Diputación de Gipuzkoa, ha cesado definitivamente su actividad tras entrar en quiebra. Los trabajadores denunciaron ayer la mala gestión de la dirección y exigieron a la Diputación que tome cartas en el asunto para reconducir el conflicto.

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Iraia OIARZABAL | DONOSTIA

Los trabajadores de la Asociación Bideberri, que hasta ahora gestionaba pisos tutelados para menores, volvieron a salir a la calle ayer para visibilizar el conflicto laboral en el que están inmersos tras el cierre de la empresa. Desde que el uno de mayo se rescindiera el contrato, los 54 empleados de Bideberri están en vacaciones indefinidas. Unas vacaciones que se han visto obligados a coger porque, según explicó Goizeder Urbieta, presidenta del comité de empresa, la dirección «no puede hacer frente a más gastos». Convocados por ELA, LAB y CCOO, unas treinta personas se concentraron ayer ante la Diputación de Gipuzkoa para solicitar una solución a su situación. Es la segunda movilización de los trabajadores de Bideberri para pedir a la Diputación que les ofrezca una alternativa, aunque las relaciones están paradas.

En palabras de Urbieta, la incertidumbre es la sensación general entre los trabajadores, puesto que siguen manteniendo una relación laboral con la empresa, pero los menores que hasta ahora estaban en los cinco pisos de Gipuzkoa han sido reubicados en otros centros de la red que gestiona la Diputación. De hecho, durante varias semanas los trabajadores han acudido a sus puestos de trabajo aun cuando no había menores a los que atender. Según explicó Urbieta, los trabajadores de Bideberri se encuentran en esta situación debido a una «nefasta» gestión de la empresa. Asimismo, por ser una subcontrata de la Diputación, exigen a la institución foral que tome cartas en el asunto y reconduzca la situación.

Sin acuerdo con Diputación

Los trabajadores fueron informados de los problemas económicos de la empresa a finales de 2011. Finalmente, en abril, la Diputación decidió cerrar los centros argumentando el estado de «quiebra económica». Ahora, se encuentra en concurso de acreedores.

Los trabajadores y la Diputación no han conseguido llegar a un acuerdo. La Diputación ofreció mantener los puestos de trabajo, «pero sin ningún tipo de garantía y exigiendo que renunciasen a su derecho de subrogación». Condiciones que los trabajadores no están dispuestos a aceptar. De momento, no han recibido más propuestas por parte de la Diputación, por lo que desde el comité de empresa seguirán con las protestas.

menores

Urbieta denunció que los criterios económicos han primado por encima de los educativos a la hora de reubicar a los menores y se mostró preocupada por la situación de los jóvenes.

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