Juan Mari Barrenetxea, de 61 años y de profesión arrantzale, falleció ayer por un mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que se reproduce por haber inhalado amianto durante la vida laboral. Ayer mismo, el Juzgado de lo Social confirmó la enfermedad profesional del arrantzale por haber estado en contacto con este producto, aunque varias mutuas y varios patrones de barcos negaron su existencia en los barcos, a pesar de que entre los años setenta y noventa del siglo pasado era de uso común.

Con este arrantzale fallecido, suman ya 12 los ex trabajadores que han muerto por la inhalación de amianto. CCOO de Euskadi aseguró ayer que «desgraciadamente no pudo conocer la sentencia sobre la demanda interpuesta por Mutualia, que torturaba en sus últimos días al arrantzale y que ayer mismo hizo público el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbo». Según la sentencia, «el tribunal califica el carácter profesional de la enfermedad que padecía Juan Mari Barrenetxea y que finalmente acabó con su vida. Le concedió, sin que lo supiera él, la incapacidad permanente absoluta frente a las pretensiones de Mutualia, apoyada por la Fraternidad y MC Mutual y las empresas propietarias de los barcos de pesca Nuevo San Luis, Beti San Luis, CB y Boga Boga, que en todo momento negaron que el arrantzale estuvo en contacto con el amianto» y que pretendieron que la incapacidad no fuera debida al amianto sino a una enfermedad común.

La sentencia a la que ha tenido acceso GARA reconoce que los barcos de pesca construidos entre los años 70 y 90 contenían amianto, tanto en su construcción como en el revestimiento de tuberías. Después de trabajar durante más de 30 años como arrantzale en esos barcos, y siendo el mesotelioma una enfermedad casi exclusiva del amianto, la enfermedad que padecía Barrenetxea se ha considerado como profesional. La sentencia resuelve que sea responsable del pago de esas cantidades el Instituto Social de la Marina y no Mutualia.

CCOO de Euskadi afirmó ayer que las mutuas y la Seguridad Social deben «arreglar sus propios contenciosos, sin torturar a los enfermos terminales con sus demandas judiciales, porque ya sufren con la enfermedad como para estar pendiente de las demandas que interponen las mutuas para no hacer frente al daño causado por la falta de medidas de prevención de riesgos laborales».