La Ertzaintza investiga la muerte de Gabriela, una joven de 23 años, ocurrida la madrugada del viernes al sábado tras precipitarse a un patio interior desde el quinto piso de un edificio de Durango. La Policía autonómica no ha realizado ninguna detención en relación al fallecimiento, pero ha imputado un delito de «detención ilegal» a un joven «de entre 23 y 25 años», según indicaron a GARA fuentes de Interior, por supuestamente «retener contra su voluntad a la víctima en el piso desde el que se precipitó».

El joven fue imputado tras declarar como testigo de la muerte, ya que él había sido la última persona en ver con vida a Gabriela, según afirmaron varios testigos, mientras regresaba con ella de las fiestas de Matiena. Los testigos indicaron que ambos jóvenes mantenían una relación sentimental.

Fuentes del Departamento de Interior no ofrecieron más datos en torno al caso, emplazando a los medios a esperar a que concluya la investigación.

Por su parte, la asociación feminista Andereak de Durango solicitó que el caso sea investigado «hasta las últimas consecuencias». En una nota, Andereak se sumó al «dolor de las compañeras y familiares» de Gabriela y lamentó que «la violencia contra las mujeres, lejos de remitir, no cesa».

Red de tráfico de mujeres

Por otro lado, ayer la Policía española dio por desarticulada una red de tráfico de personas, liberando a dieciséis mujeres, en su mayoría de nacionalidades paraguaya y boliviana, y deteniendo a seis personas, cinco en Bilbo y otra en Barakaldo, a las que acusan de delitos de trata de personas, prostitución y favorecimiento de la inmigración ilegal clandestina o fraudulenta.

Desde la Delegación del Gobierno español indicaron que esta red se dedicaba a la inmigración ilegal de mujeres con fines de explotación sexual y laboral. Las jóvenes eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones.

Además de liberar a las dieciséis mujeres, los policías procedieron a la incautación de diversos efectos que más adelante podrían determinar «las evidentes imputaciones delictivas» y los «ingentes beneficios económicos» que reportaba a los arrestados explotar a estas mujeres. Los agentes especializados en este tipo de delitos determinaron la existencia de una lonja en el barrio bilbaino de Deustu que había sido transformada en un prostíbulo. La investigación sobre la lonja y el seguimiento posterior permitió localizar otros tres pisos o locales utilizados por los detenidos.

Las jóvenes tenían coartada su libertad de movimientos y los documentos de identidad de varias de ellas estaban en poder de los responsables de la organización, que los ocultaban bajo llave en cajas de seguridad.