El Tribunal Supremo ha condenado a Juan Ramón Ibarra Oiarzabal, exjefe de la Inspección fiscal de la Hacienda de Bizkaia , a 4 años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y, a la vez, ha absuelto a Valvanera Canal Tecedor, que era jefa de la sección de Documentación Fiscal. Hace un año, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia absolvió a todos.

Sobre Juan Ramón Ibarra y tres técnicos pesaba la denuncia de haber cometido irregularidades en la Hacienda foral al haber favorecido a 209 contribuyentes vizcainos a eludir el pago de impuestos, aunque hace un año la Audiencia Provincial consideró que no había pruebas suficientes. Sin embargo, la Fiscalía presentó un recurso en Casación ante el Supremo que ha confirmado que Ibarra es «autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial».

La condena es la mínima pena, «de cuatro años, seis meses y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena» y «quince meses y un día de multa, con una cuota diaria de 10 euros».

Ibarra, exjefe de la Inspección Fiscal de la Hacienda foral de Bizkaia, se enfrentó en un largo juicio a una petición de la Fiscalia de 8 años y una multa de 800.000 euros. En la sentencia se confirmó que no hubo prevaricación, ni cohecho, como mantuvo la fiscal jefe, Carmen Adán, hasta el final del largo proceso judicial el año pasado. La Audiencia Provincial sí que determinó, en cambio, que podía haber «una actuación irregular» por parte de Juan Ramón Ibarra «con el conocimiento de sus superiores directos». El Tribunal Supremo ha confirmado un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Sin embargo, como ya desveló GARA hace un año, dentro de la Hacienda foral vizcaina no se practicó ninguna investigación, a pesar de que la Audiencia Provincial de Bizkaia detectó esas irregularidades en la manera de proceder en la Inspección Fiscal

Ibarra fue nombrado subdirector de Inspección del Departamento de Hacienda y Finanzas en 1989 y cesó en su cargo en 2004, año y medio después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara la investigación de lo que, en un principio, se creyó la financiación irregular del PNV, puesto que la Hacienda foral está controlada por ese partido, al igual que la Diputación.

Presión sobre el PNV

Sin embargo, en cuanto se comenzó a saber quiénes estaban en la lista de los beneficiados se comprobó que el abanico político era más amplio. Con esta sentencia, la presión sobre el PNV y sobre la Diputación foral de Bizkaia no han desaparecido. Porque nada más conocerse la resolución de la Audiencia de Bizkaia a mediados de abril del año pasado, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, expresó su «satisfacción y felicidad» por las absoluciones y señaló que «hoy podemos felicitarnos por la prudencia que hemos tenido desde la Diputación de Bizkaia y desde el PNV de Bizkaia para aguantar lo que el ánimo nos pedía decir públicamente en algunos casos, ante tanta crítica injustificada por parte de algunos agentes políticos», según explicó en una rueda de prensa en la sede de Sabin Etxea.