El principal acusado por el presunto fraude de la Hacienda de Irun y exdirector de la oficina tributaria de esta localidad guipuzcoana, José María Bravo, asumió ante los responsables de la Hacienda foral que las irregularidades detectadas por este departamento en 2006 constituían un delito de malversación.

Así lo puso de manifiesto ayer la secretaria técnica de Hacienda que elaboró el acta de las dos reuniones en las que, en setiembre de 2006, el entonces diputado del ramo, Juan José Mujika, y el director del departamento, Iñaki Rica, pidieron explicaciones a Bravo sobre las irregularidades detectadas en la oficina de Irun cuando él era su máximo responsable.

En concreto, Bravo fue interrogado sobre los casos de dos contribuyentes -José Rovira y José Agustín Azpeitia- que aseguraron haber saldado sus deudas con la Hacienda foral en metálico en esta oficina tributaria, cuyos expedientes fueron dados de baja por insolvencia sin que el dinero llegara a ser ingresado en la Hacienda foral.

La secretaria técnica que declaró ayer elaboró sendas actas de estas reuniones tras las que, según explicó, Bravo no se planteó que el dinero hubiera sido ingresado en Hacienda y que el problema estuviera en que no se había «mirado bien», como ha mantenido durante sus decalaraciones al comienzo de este juicio, sino que asumió que había tenido lugar un delito de malversación.