Mar Soriano busca a su hermana Beatriz y, al mismo tiempo, es receptora de cientos de casos similares al suyo. Relatos que se repiten y que van tomando cuerpo con cada encuentro, como el de María Luisa Torres y su hija. Su denuncia ha propiciado la imputación de la religiosa María Gómez Valbuena. Soriano confía en que este hecho constituya «un punto y seguido en las imputaciones, dirigidas también al sector sanitario».

¿Cómo valora el paso de Gómez Valbuena por el Juzgado?

Lo sorprendente es que primero se negara a declarar ante el juez y, horas después, hiciera pública una nota de prensa. El juez le dio la oportunidad de defenderse y no lo hizo. En cambio, sí lo hizo ante la sociedad. Es una incoherencia total. Por ello, hemos enviado a la Conferencia Episcopal Española una carta pidiéndole que se pronuncie porque ya es tiempo de que deje de actuar con la pasividad con la que lo ha hecho hasta ahora. Estamos hablando del robo de niños y de la implicación de ciertos miembros de la Iglesia. Por tanto, la desvinculación, denuncia y condena de la Conferencia Episcopal sería muy importante, así como su colaboración.

Además de la creación de un censo de familias afectadas, el Gobierno español anunció la recogida de muestras de ADN y su centralización en el Instituto Nacional de Toxicología. ¿Hasta qué punto suponen un empuje real a la búsqueda? ¿Qué otras medidas echa en falta?

Son avances muy importantes. Cuando acudimos al Congreso de los Diputados, estábamos iniciando nuestra investigación, que hemos ido matizando y completando. Lo que entonces era una teoría, hoy es una realidad y la prueba de ello lo constituyen los cerca de 14 encuentros que se han producido.

Nosotros planteamos, además, que se haga una comparativa entre los libros de nacidos y de fallecidos, porque en este último se registraban a los que realmente morían y a aquellos que se les daba por muertos y que, paralelamente, eran inscritos con una nueva identidad en el libro de nacidos. Gracias a la lectura de ambos libros y a la disposición de dos funcionarias, María Antonia Morro ha logrado reencontrarse 48 años después con su hermana y su padre biológico -su madre falleció a los pocos días del parto-.

En la reunión que mantuvimos con cuatro ministros, el fiscal general del Estado resaltó la definición y calificación de la causa como modelo de «detención ilegal» pero a la vez sujeta a la prescripción contando la misma a partir de que el sujeto cumpla la mayoría de edad. Esto es lo que impide dar continuidad a la denuncia por vía penal e igualmente impide llevar a cabo un tratamiento de responsabilidad penal a los que pudieran haber cometido dicho delito, por no considerarse como un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.

En sus intervenciones, suele comparar lo sucedido con el robo bebés durante la dictadura argentina. ¿Qué nos acerca y diferencia del caso argentino?

Nos acerca mucho y separa poco. Comparativamente en el tiempo, coincidimos con una dictadura. Las dictaduras marcan una represión y el camino hacia la democracia no surge de forma instantánea. Es un proceso de cambio lento ya que permanecen las leyes vigentes durante la represión. Por eso, el robo de bebés se prolongó hasta bien entrados los años noventa. Antes de su modificación en 1987, la Ley de Adopción favorecía el robo de niños porque facilitaba la inscripción de un niño como hijo biológico sin serlo. La Ley del Parto Anónimo, cambiada a finales de los noventa, le dio continuidad a la causa. Ambas normativas fueron una base fundamental para provocar un tráfico de niños continuado a tan solo poco más de una década de nuestros días.

La Iglesia y gente cercana al poder o al Opus Dei tuvieron un rol importante, tal y como lo demuestran algunos expedientes de adopción. En el de su herma figura, en concreto, el nombre de Ignacio Villa Elizaga.

Las monjas participaban directamente en su labor de asistentas sociales en los hospitales, no solo en los públicos sino también en los privados u otros. Era algo normalizado. Esto no quiere decir que todos los miembros de la Iglesia estuvieran realizando estas prácticas. Pero, sí es verdad que la Iglesia establecía un rol importante en la vida social del individuo en su nacimiento, en su integración social, en su muerte; la insistencia de ciertos miembros de la Iglesia en decidir sobre el destino de la vida de un individuo nada más nacer constituía una práctica implícita pero errónea, ya que traspasaron los límites de la dignidad del propio ser humano. A su vez, el trabajo directo con profesionales sanitarios, incluidos médicos que compartían su vida social, profesional y religiosa como un todo, hizo posible que ciertos profesionales sanitarios interviniesen en esta práctica delictiva de robo.

Ignacio Villa Elizaga, cercano al Opus Dei, según parece firmaba las supuestas adopciones como jefe del Departamento de la Clínica de Santa Cristina de O´Donnell. Así está recogido y documentado desde diversa prensa de investigación.

¿Qué papel jugó la Asociación Española para la Protección de la Adopción, fundada por el exfiscal general del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro?

La AEPA, ligada a miembros del Opus Dei, fue fundada por el propio Guijarro en 1969 con el apoyo del Consejo Superior de Protección de Menores y Cáritas Española, quienes apoyaban la labor de Guijarro. Está recogido en las hemerotecas que a la familia adoptante se le redirigía a la AEPA, que facilitaba todo tipo de papeleos de forma rápida. Las familias adoptantes debían pagar una serie de gastos no específicos, que se decían ser relativos al parto, intervención hospitalaria... Todo esto será muy interesante llevarlo a un estudio más en profundidad dentro de la Comisión de Justicia, dado que facilitará nuevas vías de búsqueda y responsabilidades.

Hay quienes hablan de adopciones irregulares. La plataforma que representa, en cambio, sostiene que se trató de una trama de robo de bebés y pide que sea tratada como un delito de lesa humanidad. ¿Qué les llevó a adoptar esta postura?

Hemos definido la causa como niños robados porque no podemos hacerlo de otra manera. Ha sido un robo, un engaño, una manipulación, un despropósito en truncar la vida de las familias. Lo que se ha hecho constituye una tortura permanente en la vida de las familias. Esas madres querían a sus hijos y se les ha engañado y robado el niño que han llevado en su ser. No hay otra línea de tratamiento, en este sentido, no cabe la adopción irregularidad, ya que está indicando que es una adopción, tal y como su propio nombre indica, y el término irregular podría deberse al simple hecho de haberse producido un apunte erróneo.

En el caso de su hermana, aparecen dos elementos que se repiten en muchas de las denuncias. Por una parte, su traslado a una incubadora y por otra, que la causa oficial del fallecimiento fuera una otitis. ¿Estamos ante un proceder típico?

El caso de Beatriz no es extraordinario, pero es verdad que no se la llevaron nada más nacer, sino que estuvo en la habitación al menos un par de días; una niña sana, guapa y buena para comer y dormir que la familia fue visitando, cuando repentinamente entra el médico y empieza todo el calvario; se la llevan a la incubadora sin motivo y a partir de ahí, sin pasar por enfermedad ni tratamiento alguno, muere y el hospital se encarga de todo. Años después, su muerte aparece registrada por otitis y el médico que la verifica es Ignacio Villa Elizaga.

A nivel personal, ¿cómo se imagina el encuentro?

Vendrá dado en función de cómo quiera ella que sea, no podemos forzar nada. Por nuestra parte, no habrá límites de acercamiento, pero, como digo, eso dependerá de ella. En el mejor de los casos será un acercamiento paulatino y el tiempo pondrá el resto.

¿Confía en que haya más de una garganta profunda que arroje luz sobre estos casos y, sobre todo, ayude a que se produzcan más reencuentros?

Sí claro. Las cosas han tomado mucha fuerza y la causa es imparable. La monja imputada constituirá un punto y seguido en las imputaciones, dirigidas también al sector sanitario que figura en la documentación de las familias. La denuncia de María Luisa Torres ha servido para imputar a Gómez Valbuena, pero también para reabrir otros dos casos en Madrid en los que esta religiosa aparece implicada. Todo esto ha sido posible gracias a una denuncia surgida de un reencuentro.

¿Qué espacio ocupa internet en la búsqueda?

Internet es un medio audiovisual muy potente que nos pone al día de hechos con los que los ciudadanos conviven a diario. Uno de ellos es la situación de indefensión, de injusticia permanente y de conciencia de la práctica de robos en España, destinados no solo a otras familias dentro de nuestro territorio sino también fuera de él.

A través de la red, las familias entran en comunicación, se organizan, se buscan y, al mismo tiempo, presionan al Estado. Asimismo, se identifican con otros estados como Argentina, que ha vivido la misma situación, se crean unidades de proyecto y se establecen relaciones que sirvan para la reparación del daño causado.