El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo español, Carlos Dívar, dijo estar sorprendido por la denuncia interpuesta contra él por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez por malversación de caudales públicos por cargar a los presupuestos de este organismo gastos de viajes de índole privada. Según consta en el escrito remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, Dívar realizó entre setiembre de 2010 y noviembre de 2011 seis viajes no oficiales a Puerto Banús, en Marbella, alojándose en hoteles de lujo por un coste de 6.000 euros y cuyas facturas pasó al Consejo

Todos los viajes se realizaron en fin de semana y su duración fue de al menos cuatro días, normalmente de jueves a martes. Estas salidas eran conocidas dentro del Consejo del Poder Judicial como «semana caribeña».

Y aunque los desplazamientos los hizo en el AVE, en clase club, una vez en Marbella llegó a utilizar hasta tres coches oficiales. Asimismo, viajó con entre cinco y siete escoltas, cuyo coste de desplazamiento, alojamiento y manutención fue de 26.741,85 euros.

A partir de ahora, Torres-Dulce deberá dictaminar si los hechos son constitutivos de un delito y, en tal caso, presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo.

Un grupo de vocales presentes en la sede del Consejo celebró ayer una reunión de urgencia en la que acordaron que la institución no se pronunciará como tal hasta que lo haga la Fiscalía.

Fuentes del Consejo resaltaron «la sorpresa» con que Dívar recibió la noticia de la presentación de esta noticia e incidieron en que no tiene conciencia de haber cometido ningún delito.

La vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, manifestó que «todo esto causa desasosiego», pero expresó su confianza en las instituciones que «funcionan con seriedad y rigor. Solo hay que dar tiempo».

Resaltó que no tenían conocimiento previo de la denuncia de Gómez Benítez, que hace semanas presentó un plan de austeridad para evitar gastos innecesarios. Montalbán subrayó que se trata de una iniciativa «individual».