«La izquierda abertzale quiere decir, alto y claro, que no va a fallar a la confianza depositada y que ninguna persecución, detención, juicio o sentencia va a hacer que varíe su apuesta por el proceso de paz y normalización política».

Maribi Ugarteburu y Pernando Barrena, acompañados por varios rostros referenciales de la formación independentista, expresaron con esta rotundidad la firmeza del rumbo adoptado frente a una sentencia del Tribunal Supremo que no dudaron en calificar de «escandalosa e inaceptable».

A su juicio, la condena contra Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez «no supone, si no, un castigo a quienes desde su labor política apostaron por poner en marcha un proceso de paz y normalización política», y ofrece una imagen de «ensañamiento contra quienes más han arriesgado para hacer posible este nuevo tiempo».

Ugarteburu y Barrena recordaron que la sentencia llega «cuando en el país hay abierto un proceso para una resolución democrática al conflicto, cuando acaban de cumplirse seis meses desde la Declaración de Aiete y la decisión de ETA de dar por terminada su actividad armada, y cuando la posición activa por una solución dialogada es prácticamente unánime en la sociedad vasca y también en el ámbito internacional».

En ese contexto, añadieron, la decisión judicial «causa indignación en Euskal Herria y ensancha todavía más la grieta que progresivamente separa a la sociedad española de la vasca», ya que solo cabe interpretarla como «una patada al proceso de paz y un alarde de quienes desde posiciones involucionistas sueñan con volver a la situación anterior al 20 de octubre».

«Estado al borde del colapso»

Para la izquierda abertzale, «España es un estado al borde del colapso económico y social, que actúa con las armas del totalitarismo ante las reivindicaciones sociales y nacionales. España utiliza la violencia una vez más para ocultar su falta de proyecto y el pavor que les causa contemplar la mera hipótesis del diálogo en torno a la resolución del conflicto político vasco».

Los portavoces independentistas remarcaron que ni la redada policial de 2009 llevada a cabo «por iniciativa del PSOE» ni la sentencia de la Audiencia Nacional de setiembre de 2011 lograron colapsar la nueva estrategia de la izquierda abertzale y que tampoco lo hará este auto del Supremo, ya con el PP en el Gobierno de Madrid.

«Se están empeñando inútilmente. Esta sentencia pone una vez más de relieve la necesidad de profundizar en la apuesta iniciada para articular políticamente esa mayoría social, y no hay sentencia posible que pueda paralizar eso», defendieron.

«Tenemos que responder al rodillo de la represión reclamando los mínimos democráticos que como pueblo nos corresponden y eso exige la fuerza que solo la unidad puede darnos, respondiendo a Madrid como país», emplazaron. En ese camino, mostraron su adhesión a todas las movilizaciones que se convoquen para denunciar este auto e invitaron a la sociedad a que participe en ellas.

Amaiur exige la liberación

Por su parte, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra instó al Gobierno de Rajoy a escuchar «el clamor de la ciudadanía vasca, que exige la liberación de inmediato» de Arnaldo Otegi y el resto de los condenados por el caso Bateragune.

En declaraciones realizadas en el Congreso español, el político navarro subrayó que la sentencia es «completamente inaceptable» y consideró «tremendamente preocupante» que en estos «tiempos de esperanza» el Gobierno «siga empeñado en castigar a los primeros impulsores de este proceso».

«Se habla mucho de la independencia del poder judicial, pero esta sentencia es tremendamente política», destacó el diputado de la coalición.

LAB: «Debilidad del Estado»

El sindicato LAB, del que Rafa Díez fue secretario general, subrayó que «la sentencia es síntoma de debilidad del Estado, que se muestra incapaz de encarar con madurez política el escenario abierto en Euskal Herria».

«No cabía otra resolución que no fuese la completa absolución de todos los encausados. Desde las detenciones de octubre de 2009, por mucho que hayan pretendido disfrazar este juicio y por mucho que desde los tribunales se hayan rellenado folios con supuestas pruebas y acusaciones, es de sobra conocida su motivación política», destacó LAB.

Ikerne Badiola, secretaria de Comunicación de EA, indicó que «la Justicia española trata de criminalizar el proceso político que vive Euskal Herria, castigando a personas que han apostado por este cambio oponiéndose a estrategias del pasado». «Esta decisión confirma la brecha existente entre las instituciones españolas y la sociedad vasca», añadió.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, valoró muy negativamente la sentencia y señaló que «el fallo pone en evidencia el escaso carácter democrático que tiene el Estado español, así como la carencia absoluta de sentido común en cualquier de las sentencias judiciales que tienen algo que ver en Euskal Herria».

En una línea similar, Aralar rechazó la sentencia porque «es un tremendo sinsentido que se mantenga este atropello a los derechos humanos. Se mantiene en prisión a personas que trabajaban en buscar una solución al conflicto de Euskal Herria».

Lokarri también calificó de injusta e incomprensible la sentencia, señalando que «condena a personas por el mero hecho de ejercer una actividad de carácter político, promoviendo un debate en la izquierda abertzale hoy ilegalizada cuyo resultado ha sido una estrategia basada en las vías exclusivamente pacíficas, políticas y democráticas».

ELA tildó de despropósito la sentencia, que considera «inaceptable y contraria al derecho de participación», y que criticó porque «condena a estas personas por el mero hecho de ejercer una actividad de carácter político y trata de criminalizar el proceso político que vive Euskal Herria».

Para STEE-Eilas, las penas impuestas son injustas, ya que «todos estos procesos no son más que juicios políticos interesados, contrarios a los derechos»