Ha pasado un poco desapercibida. Parece que José Luis Bilbao e Iñigo Urkullu se habrían puesto de acuerdo con el Tribunal Supremo para publicar la sentencia contra Juan Ramón Ibarra en este momento.

Hace un año, la Audiencia Provincial absolvió a los cinco encausados, pero el Supremo ha condenado a Ibarra a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Este cargo tan importante en la inspección fiscal tenía una relación de 209 empresarios con los que tenía un trato distinguido.

Diez años ha tardado en solucionarse este caso, que demuestra una serie de irregularidades y un trato a favor hacia algunos contribuyentes. Una sospecha que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, quiso acallar hace un año cuando se conoció la absolución. Ahora calla y cierra el pico. Otro que cierra el pico es José Luis Bilbao, diputado general, lo mismo que el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga. Ambos tardaron más de un año en destituir de su cargo al jefe de la Inspección Fiscal, ahora condenado a cuatro años y medio de prisión. Pero la Diputación fue más allá, porque decidió no personarse como acusación particular, porque un informe legal externo aconsejó no hacerlo, porque no había pruebas contundentes. Casualidad, el informe estaba firmado por Mario Fernández. Sí, el presidente de Kutxabank y que como vicepresidente de BBK ha contado con José María Iruarrizaga. ¡Que coincidencia! Pues sí.

Echo de menos las lecturas de otros partidos políticos, de sindicatos, de agentes sociales, más en este tiempo en el que sabemos lo importante que es tener un sistema fiscal adecuado, para que quienes más tienen paguen más y se evite el fraude, la elusión o la evasión fiscal. Esta misma semana la Alianza contra la Pobreza (EAPN, en sus siglas en inglés) recordó a los partidos del Congreso que sí hay dinero, pero que se oculta o defrauda. Dijeron que el fraude fiscal y el dinero evadido a paraísos fiscales evitan 90.000 millones de ingresos en tributos al año. Si aplicamos el coeficiente para Hego Euskal Herria, estaríamos hablando de unos 6.300 millones en ingresos tributarios que se pierden cada año. Y ¿por qué se callan?