Apenas una semana después de que los expertos de la Comisión Internacional de Verificación hicieran ver al Gobierno español que ETA está dispuesta a dialogar para una solución definitiva, su presidente, Mariano Rajoy, utilizó su presencia en Bilbo para reiterar un mensaje de inmovilismo. Insistió en que no contempla hacer «nada» si no se produce previamente una disolución de ETA, aunque sí quiso dejar también muy claro que ese es su objetivo, que no se conforma con la situación actual y que sigue otorgando valor a la decisión tomada por la organización armada el pasado 20 de octubre.

Comenzó recordando al auditorio que cuando se conoció el cese definitivo de la lucha armada, «dije que me parecía bien. No fue una mala noticia. Lo dije y lo reitero ahora». Esta opinión no fue secundada por toda la derecha española, dado que muchos sectores políticos y mediáticos optaron por restar cualquier valor a la noticia, pese a su evidente alcance histórico.

Del mismo modo, Rajoy dijo ayer que entonces ya explicó que «esto no terminaría hasta el anuncio de disolución definitiva e incondicional. Eso es lo que esperamos, es lo que desea todo el mundo y es lo que entendemos que tiene que producirse».

Sin embargo, continuó asegurando que el Gobierno español no tiene intención de dar ningún paso para facilitar ese horizonte. Y lo justificó así: «Este gobierno no se va a mover porque no tiene ningún compromiso con nadie, porque nunca ha negociado con nadie».

El PP permanece enrocado en este discurso pese a los llamamientos que se suceden desde la comunidad internacional, y que coinciden en la necesidad de abrir un diálogo con ETA. El más reciente fue el lanzado por los verificadores coordinados por Ram Manikkalingam el pasado día 4, cuando indicaron en su visita a Euskal Herria que hace falta flexibilidad y contactos para superar el debate sobre la disolución.

Por contra, Rajoy prefiere seguir esperando. Lo argumentó ante sus compañeros del PP vasco indicando que «mientras no se produzca la disolución, ETA es una organización terrorista». Defendió que todos los caminos para afrontar la situación pasan por «la ley». Y fue aquí donde introdujo una extraña afirmación, que salvo que cometiera un lapsus linguae da a entender que el Ejecutivo español asume que no está cumpliendo sus propias leyes. Textualmente dijo: «Después de una disolución definitiva e incondicional de la banda, vendrá. Después, pero no antes, la ley».

El presidente del PP lo redondeó diciendo que «la ley es igual para todos los ciudadanos» y apostillando que «esa es mi posición, y la seguirá siendo. Es una posición moral y a la que está obligado un gobernante democrático, porque si alguien tiene que cumplir la ley es quien debe exigir su cumplimiento».

A partir de ahí, lanzó algún mensaje que parece responder a las críticas de sus sectores mediáticos cercanos. Aseveró por ejemplo que su apuesta es nítida, aunque luego «todo el mundo puede hacer quinielas, análisis o titulares o decir lo que le parece». «El Gobierno de España no tiene ningún compromiso con nadie, porque nunca ha negociado con nadie, lo único que quiere es que se disuelva una organización terrorista y que se aplique la ley, y eso es lo que vamos a hacer», insistió Rajoy.