Es un tema recurrente. Durante los ya cinco años transcurridos desde el estallido de la crisis financiera, una y otra vez se ha aludido a la posible conveniencia de utilizar el banco malo como instrumento para hacerle frente. Clarifiquemos en primer lugar qué es lo que pretende resolverse a través de este instrumento.

Uno de los aspectos más negativos de las crisis financieras es el hundimiento del crédito bancario, que constituye un auténtico freno a la evolución natural de la demanda y de la actividad empresarial. La razón básica de la caída del crédito es la inseguridad de las entidades financieras con respecto a su propia situación y evolución. En concreto, con respecto a su capacidad para hacer efectiva su cartera de activos financieros. En el caso del Estado español, el problema se está centrando fundamentalmente en las dudas sobre el valor real de una buena parte de las inversiones en el mercado inmobiliario.

El objetivo del «banco malo» es detraer estos activos «tóxicos» de los bancos ubicándolos en un único banco. De esta forma se pretende conseguir que el resto de los bancos, una vez saneados sus activos, normalicen su gestión y reactiven su actividad de financiación de la economía. A la vez, la ubicación del conjunto de activos tóxicos en una misma entidad puede facilitar una ordenada gestión y liquidación de los mismos.

Evidentemente, es una solución técnicamente perfecta para las crisis financieras, siempre que no nos olvidemos de lo fundamental. Que no estamos jugando con cuestiones meramente técnicas sino esencialmente políticas. Esto es: en una u otra entidad, la realización de los activos tóxicos va a generar unas pérdidas importantísimas. (En el caso del Estado español o de la economía occidental, unas pérdidas cuya dimensión bien podemos calificar como más que alarmante).

El posicionamiento político sobre la puesta en marcha de un «banco malo» debe aclarar fundamentalmente esto: quién o quiénes van a asumir estas pérdidas. Con frecuencia se alude al «banco malo» como un instrumento de rescate público materializado al hacerse cargo el Estado de estas pérdidas. Pero no tiene por qué ser así. En algunas de las experiencias escandinavas de gestión de la crisis financiera de los años 90, el banco malo sirvió para gestionar la diferenciación entre activos sanos y tóxicos pero las pérdidas derivadas de la liquidación de activos en manos del «banco malo» se imputaron a los mismos accionistas titulares de los bancos «buenos».

Es también esencial tener en cuenta que estas pérdidas pueden aparecer en la liquidación final de los activos y también en el momento de su transferencia al «banco malo», salvo que se transfieran por su valor nominal. Excepto en los casos en los que la transferencia se realice a una entidad cuyos accionistas sean los mismos del banco de origen, lo lógico es que se efectúe una transmisión de estos activos al banco malo por su valor real. Lo contrario supone una operación de rescate más o menos encubierta. Es cierto que, con carácter general, el concepto de «banco malo» se ha relacionado con la adquisición de estos activos tóxicos por el Estado o por alguna entidad pública, constituyendo una operación de rescate bancario.

Todo esto significa que, junto a la evidencia de sus ventajas técnicas, clarificar los efectos de «economía política» de la estrategia de puesta en marcha de un «banco malo» es esencial.

En el caso español, es de particular relevancia subrayar que, si algo caracteriza la puesta en marcha de un «banco malo» como política destinada a combatir la crisis financiera, es que se trata de una estrategia esencialmente opuesta a la estrategia de «consolidación» desarrollada en el Estado español durante los 4 últimos años. El que esto no se diga claramente no es un buen síntoma sobre la seriedad y coherencia de la ciencia económica oficial .

En Ekai Center venimos poniendo de relieve desde hace años que la estrategia de «consolidación» del sector bancario español de los últimos años no iba en ningún caso a resolver los problemas fundamentales de este sector y que no iba a conseguir otra cosa que retrasar el problema. Aunque esta estrategia se estuviera justificando en los medios de comunicación como una forma de conseguir entidades «más grandes» y «más eficientes».

La realidad era la contraria. Se impulsaban las operaciones de integración con el único objetivo de diluir los problemas de los bancos con gran cantidad de activos tóxicos en entidades más grandes, o absorbiéndolas por otras con activos más sanos. El problema de fondo no se solucionaba. Los activos tóxicos seguían estando en los activos de una u otra entidad y, al contrario, lo que se ha conseguido es agrandar los problemas contaminando con los activos tóxicos al conjunto de entidades integradas en estas operaciones.

Pero el objetivo político fundamental de esta estrategia no era, probablemente, resolver el problema, sino retrasarlo. Ello se ha conseguido, hasta ahora. El deterioro progresivo de la situación económica española y de la crisis financiera europea parecen estar a punto de hacer estallar el sistema bancario español en el que, en realidad, apenas se ha adoptado hasta ahora ninguna medida significativa para hacer frente a los problemas de fondo.

No obstante, a través de una estrategia u otra, el gobierno español tiene cada vez menos margen para hacer frente a la crisis bancaria. Es particularmente complicado que, en este momento, se recurra a aportar fondos públicos para hacer frente al problema, dadas las extremas dificultades del gobierno español para aproximar el déficit público a los niveles de exigencia europeos.

Ésta es probablemente la razón por la que el gobierno español parecía haber rechazado tanto la estrategia de creación de un banco malo con fondos públicos como la estrategia similar de crear un fondo de gestión común de activos inmobiliarios de la banca. También es, sin duda, la razón de que el «rescate» de Bankia se haya formalizado como una capitalización de créditos, de tal forma que los efectos de la misma en el gasto público no se contabilicen hasta que se materialicen las futuras pérdidas de valor del capital aportado.

El margen para la adopción de medidas racionales para la reconducción de la crisis bancaria por parte del Gobierno español es, por lo tanto, cada vez menor. El riesgo de un colapso general de la banca española no es descartable.

Cara al futuro, la constitución de uno o varios bancos malos puede ser una interesante estrategia para facilitar la reactivación del crédito bancario, pero es una estrategia institucional que por sí misma no soluciona los problemas de fondo, que afectan tanto al importe global de activos tóxicos en manos de la banca española como a las dificultades de gestión de la deuda externa de la banca dentro de la unidad monetaria europea. Y, por supuesto, teniendo en cuenta los aspectos de gestión política en relación con las decisiones de imputación de los costes del ajuste bancario a unos u otros grupos sociales. El banco malo puede ser, por lo tanto, una medida más dentro de las decisiones que el Gobierno español no va a tener más remedio que adoptar en relación con la permanencia o no del Estado español en la Eurozona y con respecto al pago de la deuda externa, pública y privada.