El juicio contra las personas imputadas por su relación con D3M y Askatasuna concluyó ayer en la Audiencia Nacional española, y lo hizo con la decisión de la Fiscalía de mantener la petición de cárcel contra la mayoría de los imputados, aunque con penas inferiores a las que había solicitado inicialmente. Una semana después de que el Tribunal Supremo ratificara las condenas por el «caso Bateragune», el representante del Ministerio Público insiste en querer castigar la actividad política de los encausados, contra quienes mantiene la fantasmagórica acusación de «servir al entramado de ETA». De nada ha servido a los ojos del fiscal que durante la vista oral no haya aparecido ningún elemento probatorio que ligara a los procesados con la organización armada, y menos que estos hayan negado las acusaciones y hayan defendido su labor estrictamente política y totalmente pública.

No ha servido, porque el juicio contra D3M y Askatasuna tiene un carácter exclusivamente político, algo que ha quedado acreditado en la sala. Así, al hecho de encausar a una docena de personas por querer presentar una oferta electoral a la ciudadanía vasca, se ha sumado la indefensión que han sufrido los afectados, a quienes se les ha vetado la práctica totalidad de los testigos propuestos mientras se admitían todos los de la Fiscalía. Además, policías y guardias civiles directamente implicados en el caso han declarado en calidad de «peritos», una práctica tan habitual en el tribunal especial como inaceptable para cualquier observador imparcial. A ello se le han sumado otras irregularidades, como fallos en las traducciones del euskara. Con estos mimbres ha construido el fiscal sus conclusiones.

En nombre de los acusados, Amparo Lasheras recordó que se han sentado en el banquillo por defender y ejercer derechos civiles y políticos y, en particular, el de la participación política. Precisamente por eso, la absolución es la única sentencia posible. Así lo demanda la sociedad vasca y lo exige el sentido común.