Rita Tobón vive exiliada. Militante de la Unión Patriótica, fue elegida alcaldesa de Segovia, el primer municipio en producción de oro de Colombia. La noche del 11 de noviembre de 1988 fue una de las peores de su vida. Hombres armados a bordo de varios vehículos entraron en el municipio con una lista de nombres. Recorrieron las calles disparando indiscriminadamente con armas de gran calibre y granadas de fragmentación. Un largo anochecer que convirtió las calles en ríos de sangre. Hubo 45 víctimas mortales y decenas de heridos. Tobón recuerda para GARA aquella pesadilla perpetrada en ausencia total de las fuerzas policiales, que comenzó mucho antes de aquel 11 de noviembre.

A cada masacre le precedía un escenario similar, con ciertos indicadores que hacían temer lo peor. «Antes de cometerla, tanto el Ejército como la Policía se vestían de civil e iban a barrios más o menos alejados del centro de los municipios donde empezaban a disparar al aire, a lanzar granadas contra un muro o un barranco. Luego iban al Juzgado o a las dependencias municipales a denunciar que habían repelido un ataque de la guerrilla. El objetivo era crear una especie de costumbre en la población a escuchar todo tipo de armas de guerra y, al mismo tiempo, hacerles ver que ellos estaban ahí. Era un juego perverso. Otro de los signos era ver a la Policía y el Ejército patrullando las calles continuamente, entorpeciendo la actividad de los alcaldes de la Unión Patriótica. Pero el día que se iba a cometer una masacre, desaparecían del centro de las localidades y los controles que habitualmente instalaban bajo la excusa de proteger a la población civil desaparecían por completo del área urbana. El tercer indicativo que hacía presagiar la inminencia de la tragedia es que ese día se les retiraba la escolta a todos los alcaldes amenazados. Así se aseguraban de que no hubiera testigos ni tener que matar a un policía cuando asesinaban a los alcaldes», explica.

«Aquel viernes 11 de noviembre, decidí salir de la Alcaldía a las 8.00 ante la cantidad de amenazas que estábamos recibiendo y visitar otras instalaciones en el centro de Segovia. Cuando pasé por al lado de la Comandancia de la Policía había agentes vestidos de paisano, con el pantalón del uniforme o con el torso desnudo bebiendo licor. Tampoco aparecieron los escoltas asignados por la Gobernación de Antioquia, por lo que inmediatamente convoqué una reunión en la Alcaldía y empezamos a enviar telegramas al presidente de la República, al ministro de Defensa, al procurador general de la nación... haciéndoles partícipes de la situación que acababa de constatar y pidiéndoles que tomaran medidas para evitar una masacre. Ya habíamos hecho lo mismo un mes antes e, incluso, ocho días antes, pero nunca obtuvimos ninguna respuesta ni apoyo», subraya con una mezcla de acritud y dolor.

«Terminada la jornada laboral, a las 18.45, varios jeeps entraron en Segovia. Pese a la gente que había en la calle, logramos distinguir las caras pintadas de los ocupantes de los vehículos y las armas de guerra que portaban. Me dispararon en varias ocasiones y aunque el vestido que llevaba acabó con agujeros, afortunadamente las balas no llegaron a rozar mi cuerpo. Se instalaron en la plaza principal, desde donde lanzaron granadas contra un bar, mataron indiscriminadamente a las personas que estaban en la plaza, donde se ubica el Comando de la Policía, que no hizo nada. Dos de los jeep entraron en una calle con una lista de nombres, asesinando selectivamente a las personas que aparecían en ella; padres, hermanos, hijos, señoras. Se da la circunstancia de que todas esas personas eran militantes liberales que en las elecciones habían cambiado de orientación en favor de la Unión Patriótica y de que ocho días antes, un dirigente liberal de Segovia se paseó con varios militares mostrando unas cartas cuyo contenido desconocíamos en ese momento», rememora.

Meses atrás, la propia Tobón recibió varias amenazas en las que grupos paramilitares advertían que «acabarían con todos aquellos que traicionaron al Partido Liberal. Y cumplieron sus amenazas».

Su elección como alcaldesa le supuso «muchas pérdidas y presiones. Yo pasé a cobrar un 10% menos de lo que ganaba antes de ser elegida, pero el ideal político que teníamos primaba por encima del económico. Para mí significaba seguir creyendo en nuestro proyecto de paz, en una administración transparente, en decirle a la población que era posible gobernar sin corrupción, sin persecución política y de cara al pueblo.».

En el plano personal, tuvo que dejar su vivienda tras ser dinamitada y «para no poner en peligro a mi familia y vecinos. A partir de ese momento, tuve que vivir recluida en una oficina al lado de la Alcaldía sin mis hijos, a quienes ya habían tratado de secuestrar. Antes de ser alcaldesa, había sido deportista de alto nivel. Pasé de correr 30 kilómetros tres veces por semana a caminar 200 metros. Aquella situación me generó un desarreglo del ritmo cardíaco; a los 26 años tenía un corazón de una persona de 86 años. No podía subir seis escalones sin estar terriblemente fatigada. Según Amnistía Internacional, soy la única colombiana que en la década de los ochenta sobrevivió a tres atentados», relata.

Tras la masacre, pusieron precio a su vida: «18 millones de pesos cuando entonces el salario medio eran 18.500 pesos». El 20 de diciembre de 1989 inició su largo camino al exilio, que continúa hasta ahora, así como las amenazas por declarar contra el todopoderoso diputado César Pérez García, cuya condena por estos hechos fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en julio 2010.

La Marcha Patriótica lanzada en abril parece querer ocupar el espacio de la Unión Patriótica. Pero a esta ilusión colectiva nuevamente le persigue la estigmatización y la violencia. Para Tobón, no habrá un futuro en paz mientra persista la impunidad.