«Nos hemos sentado en el banquillo por defender y ejercer derechos civiles y políticos. La legislación vigente va encaminada a excluir las ideas políticas, condenarlas y a excluir proyectos determinados. Lo único que podemos hacer es exigir la libertad de expresión de todas las ideas y la participación de todos los proyectos». Con este mensaje de la periodista Amparo Lasheras, que habló en nombre de todos los imputados, se cerró ayer la última sesión del proceso que juzga a Demokrazia 3 Milloi y Askatasuna. Finalmente son 11 los encausados, después de que el fiscal Vicente González Mota retirase la acusación contra Fernando Andia y Aitor Liguerzana. Para el resto baja la petición, que pasa de los 9 años a los 6 años y 5 meses para los imputados por «pertenencia», y de los 7 años a los 5 por «colaboración». El representante del ministerio público defendió esta rebaja para adecuar las solicitudes a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el «caso Bateragune». Las defensas, por su parte, instaron a la libre absolución y evidenciaron que lo único que ha quedado acreditado es la participación política de los acusados.

La rebaja de las penas no fue la única referencia que se escuchó ayer sobre el auto por el que el Alto Tribunal español mantiene en prisión a Arnaldo Otegi y sus cuatro compañeros. Durante su exposición de motivos, el fiscal insistió en buscar paralelismos, especialmente al defender que los jueces no deben tomar en consideración el nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria tras el cese decretado por ETA. También para intentar dar validez a las interpretaciones policiales, que sustentan la idea de que la organización armada «dice y planifica qué directrices hay que hacer». En palabras del fiscal, «lo que no permite la ley es dar soporte político a una organización paramilitar que no se ha disuelto y que, en esa fecha, sigue atentando».

Quiebros lingüísticos

Para justificar estas tesis, el representante del Ministerio Público realizó una distinción entre «organización terrorista» y «banda armada», ubicando a los acusados en el concepto de «asociación terrorista». Una definición que, según su explicación, no implica tomar parte en actos violentos, sino «participar en una estructura para tratar de imponer al Estado unas resoluciones». Para explicar estos quiebros lingüísticos, González Mota apeló nuevamente a la teoría del «desdoblamiento». «No se les acusa por intentar presentarse, sino de aprovecharse para la consecución de un fraude».

Tal y como ha quedado en evidencia durante el proceso, la tesis de la Fiscalía se basa en los indicios aportados por guardias civiles y policías que testificaron como peritos. Interpretaciones de textos y escuchas que le sirven para determinar que «no se les acusa de dar una rueda de prensa, sino de formar parte del entramado».

Falta de pruebas objetivas

El argumento de la defensa queda resumido en esta sentencia del abogado Kepa Landa: «No han cometido un delito diferente a participar en política y a pedir que sus derechos sean respetados». Por este motivo, tanto Landa como Jone Goirizelaia abogaron por la libre absolución de sus representados. Nuevamente, tal y como ya se ha venido repitiendo a lo largo de las cinco jornadas a través de las cuáles se ha alargado el procedimiento, ambos letrados llamaron la atención sobre la falta de pruebas objetivas que permitan ligar a los acusados con ETA o una estrategia diseñada por la organización armada. «No hay análisis objetivo que permita llegar a una acusación probatoria», argumentó Landa. Frente a ello, lo que propone la Fiscalía -dice la defensa-, es justificar una imputación en base a interpretaciones de documentos realizados «ad hoc» para ilegalizar D3M y Askatasuna.

En esto tienen especial importancia los «peritos» presentados tanto por la Policía española como por la Guardia Civil. Como ejemplo, Landa esgrimió la actuación de estos mismos actores durante el proceso contra Udalbiltza. «Los funcionarios plantean una tesis tras el análisis de diferentes fuentes, todas ellas escritas», señaló. A juicio de la defensa, estas teorías ni siquiera incluyen elementos que, según los jueces, acreditarían una relación con ETA como el nexo económico, rechazado expresamente por uno de los expertos policiales. «La tesis queda reducida a coincidencia o adhesión a objetivos políticos», certificó Landa.

Escuchas a otros

En la misma línea, Goirizelaia llamó la atención sobre la obviedad de que si los acusados formaban parte de una misma estrategia, debería de haber quedado acreditado en reuniones. Algo que no ha ocurrido. De hecho, los «peritos» llegan a presentar como prueba de esta planificación común la existencia de papeletas de D3M una vez que la plataforma fue ilegalizada. Un hecho con el que los imputados no pudieron tener ninguna relación ya que se encontraban encarcelados.

Presentar avales o firmar a favor de plataformas que luego serían ilegalizadas ha sido presentado como prueba, lo que llevó a Goirizelaia a plantearse que «tendrían que estar sentadas todas las personas participantes en procesos» registrados entre 2003 y 2009. De hecho, en el sumario aparecen unos 200 nombres a los que posteriormente no se imputa. Una circunstancia todavía más evidente en el caso de personas que estaban siendo objeto de escuchas que llevaron a los imputados pero que no se citaron.

El fin del juicio abre la incógnita de si el Estado seguirá aferrándose a la teoría del «todo es ETA», o modificará sus planteamientos con una absolución.