Mirando al panorama político más actual, ¿cuál ha sido el impacto del nacimiento del Consejo Patriótico Nacional?

En Colombia, las terceras vías políticas han sido muy duramente perseguidas. La eliminación física de los contrincantes políticos ha sido una de las estrategias del establishment para seguir siendo hegemónico. El caso más sonado es el de la Unión Patriótica, que sufrió el asesinato sistemático de entre 3.000 y 5.000 de sus miembros. Cuando el establishment no puede eliminar físicamente a las terceras vías políticas termina cooptándolas y reduciéndolas en sus capacidades políticas. La Marcha Patriótica es una nueva iniciativa más fuerte y amplia, que ha tenido mayor difusión y ha sido muy bien acogida. Se ha convertido en una esperanza que ha causado muy buena impresión en los sectores más conscientes que quieren una solución política negociada y la construcción de un Estado más democrático y que empieza a generar un nuevo auge en la lucha social en Colombia.

¿Su alcance reduce el riesgo de que suceda algo similar a lo ocurrido con la Unión Patriótica?

Sin duda. Es fundamental visibilizar estas iniciativas, que la comunidad internacional las acompañe y que dentro del propio Estado haya mayor presión para que no se dé un señalamiento como el que ya comenzó por parte del Gobierno. Es un proceso de macartismo que solo se puede parar con la visibilización y la solidaridad internacional, que ayuden a que se vea esta iniciativa como política, legal y legítima.

¿Cuáles son las similitudes entre ambos movimientos?

Tal vez la principal similitud sea que es patriótica. Es un nuevo intento con sectores que ya participaron en la Unión Patriótica, que nació en los 80 durante el proceso de paz impulsado por el Gobierno de Belisario Betancur, pero mucho más amplio. Recoge a los pocos sectores de la Unión Patriótica que no fueron eliminados, pero abre la participación a los movimientos estudiantil, comunitario, sindical... Recoge en cierta medida lo que se hizo durante la Unión Patriótica pero no es una reedición de aquella.

Ha habido amenazas de muerte de los paralimitares de Águilas Negras a la Marcha Patriótica.

El nivel de riesgo es alto. Lo que hay que hacer es una denuncia internacional de lo que sucede, del contubernio entre las fuerzas militares y los paramilitares, porque el lenguaje del señalamiento y de las amenazas es el mismo. Tres participantes en la Marcha Patriótica han sido asesinados y desaparecidos y muchos ya ha tenido que salir del país.

¿El discurso belicista de Santos es solo una puesta en escena?

Hay que dejar claro que la política de seguridad democrática continúa con Santos. El gasto en militarización ha aumentado, la colaboración con EEUU y otros países en términos de inteligencia y asistencia técnica al Ejército es la misma, el ataque a las organizaciones insurgentes no ha cejado y se han intensificado los bombardeos indiscriminados. La apuesta de Santos es la iniciativa de Uribe transformada, porque el Gobierno ya no habla de seguridad democrática, sino de prosperidad democrática, pero asentada en el proceso de militarización.

En este escenario, ¿qué aporta el anuncio de las FARC de poner fin a los secuestros, un gesto que Santos ha minimizado?

Las organizaciones de derechos humanos entendemos que hay que garantizar una solución política negociada. Se le exigió a la insurgencia mostrar hechos de paz, liberó a los últimos militares retenidos, anunció que proscribía el secuestro como parte de sus métodos, pero el Gobierno exige más gestos que pueden ser tan exagerados como pensar que para iniciar un proceso de paz se tenga que dar una desmovilización previa. La sociedad y la propia insurgencia ven la necesidad de un nuevo proyecto de solución política negociada, pero el Gobierno sigue reacio, presionado por sectores militares, económicos y del poder que no quieren una solución negociada.

¿Ve cerca si no una solución dialogada por lo menos la apertura de un diálogo?

Santos ha dicho que las llaves de la paz no las ha tirado al mar. Nosotros pensamos que esas llaves las tiene la sociedad. La salida será tan cercana o tan lejana como cercana o lejana esté la capacidad organizativa de la sociedad civil.

¿Qué opina del debate sobre el papel de los medios de comunicación que las FARC plantean como condición para liberar al periodista Roméo Langlois?

La guerrilla ha invitado a que se genere un debate abierto sobre la participación y la cobertura informativa del conflicto armado. No creo que lo que está pidiendo sea una discusión formal o esté condicionando la liberación del periodista, sino que propone un ejercicio de reflexión en el ámbito periodístico, y creo que va a resolver la situación difícil del periodista una vez se vea la voluntad de hacerlo. El Gobierno, por supuesto, ha dicho que con `terroristas' no negocia.