La Comisión Europea ha abierto la posibilidad de que Madrid disponga de un año más para rebajar su déficit público al 3% del PIB (de 2013 a 2014). En plena tormenta financiera, con la confianza de los mercados bajo mínimos y la prima de riesgo absolutamente desbocada, esta decisión de Bruselas puede interpretarse como un periodo de tregua para el Gobierno de Rajoy. Como un balón de oxígeno. Nada más lejos de la realidad. El Estado español gana tiempo pero a un coste económico y social disparatado. Bruselas abre la mano con el déficit pero, a su vez, enseña el puño de hierro al exigir medidas adicionales de gran calado, que se suman a las ya adoptadas en los últimos cuatro años. A saber: acelerar el retraso de la jubilación a los 67 años, endurecer las prestaciones por desempleo, subir impuestos -particularmente el IVA-... Es decir, la misma medicina pero en mayores dosis.

Madrid se pliega, todavía más, al diktat alemán. Y persiste en el error que han cometido Zapatero y Rajoy desde el inicio de la crisis, bien por orientación ideológica, bien por debilidad política. Es la realidad de un estado intervenido, sin credibilidad ni confianza y sin margen real para disponer de políticas propias.