Un abanico de posibilidades para financiar las carreteras de Gipuzkoa
La ponencia que en las JJGG ha analizado las formas de pago para el mantenimiento de las vías encara la recta final, después de contar con la participación de una decena de agentes. El pasado día 8 concluyó el plazo de las enmiendas a las conclusiones y tras reformular el texto, la presidencia presenta hoy el documento definitivo.
Oihane LARRETXEA | DONOSTIA
Llegar a tiempo al lugar deseado y que la comunicación sea rápida y eficaz. También que el trayecto desde el punto de partida hasta el destino sea lo más directo posible. Y si cabe no invertir más minutos de los necesarios, mejor. En la actualidad, se construyen carreteras, autopistas kilométricas y se reparan las más antiguas. Unos trabajos necesarios -en la mayoría de los casos- que generan unos gastos millonarios. Y todo esto supone un desembolso que, obviamente, hay que sufragar. Pero, ¿cómo?
Aportando opiniones desde distintos prismas para poder así debatir el asunto de una manera más amplia, las Juntas Generales de Gipuzkoa han desarrollado durante tres meses la ponencia «Las necesidades de movilidad y el sistema de pago de las infraestructuras viarias» -impulsada por Bildu, Aralar y PP-, donde han participado colectivos que de una manera u otra se verán afectados con los cambios que se adopten para sufragar todos los gastos que genera en el territorio la construcción y mantenimiento de las vías.
Antes de nada, resulta necesario aclarar ciertos puntos y recordar los hechos más recientes. En primer lugar, mencionar que la financiación es competencia de las JJGG. Teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene mayoría absoluta, la decisión última tendrá que ser consensuada entre los partidos políticos que las componen: Bildu, PNV, PSE, PP y Aralar. Tendrá luz verde la propuesta que más apoyos recabe, pero puede suceder que no haya acuerdo. En ese caso, no se implantaría cambio alguno. A las aportaciones de los partidos se le sumarán las de los participantes que las Juntas crean convenientes.
Acuerdos y desacuerdos
Todos los partidos del Parlamento de Gipuzkoa comparten que las infraestructuras no pueden financiarse únicamente vía presupuestos y que los usuarios deben pagar por el uso. No obstante, uno de los puntos en los que no coinciden es la implantación o no del peaje para camiones en el puerto de Etxegarate. PNV y PSE apuestan por él, mientras que Bildu, PP y Aralar lo rechazan porque consideran que sería castigar al sector del transporte. La Diputación defiende su postura alegando que «toda la ciudadanía se beneficia de lo que transportan esos camiones».
La deuda de 900 millones de euros de Bidegi es otro aspecto a tener en cuenta. Para ir reduciendo la cuantía, la Diputación presentó el miércoles en las JJGG una propuesta que fue tumbada por la oposición. En ella se planteaba aumentar en 50 céntimos el peaje de las áreas troncales de Zarautz y de Irun; y 0,35 en las de Irun Ventas, Irun Oeste, Oiartzun, Orio y Zarautz Este a los conductores que no tengan ViaT. La subida se aplicaría desde el 15 de junio hasta el 16 de setiembre, una época en la que se registra un incremento del tráfico del 35%. Según los cálculos del departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias que dirige Larraitz Ugarte, se podrían obtener unos ingresos adicionales de entre 1,5 y 2 millones de euros.
Como elemento que ayudara a aportar más luz a las posibilidades que existen de una manera objetiva, la Diputación también aportó el estudio técnico elaborado por la empresa Tekia -puede consultarse íntegramente en blog.bngipuzkoa.org- donde propone cinco alternativas posibles.
El día 30 de mayo los partidos de las JJGG debatieron el borrador del informe de conclusiones elaborado por la Diputación. Todos aceptaron el texto «como documento base». El plazo de enmiendas al informe de conclusiones, a petición unánime de los componentes de la ponencia, fue alargado hasta el día 8. Una vez reformulado el texto y acordadas las enmiendas, la presidencia de la ponencia hará público hoy el documento final.
Estitxu UGARTE
Sindicato de transportistas HIRU
«El conductor no decide dónde se produce ni dónde se consume. Él no debe asumir el coste»
Conoce de primera mano la realidad de los transportistas y las situaciones a las que se enfrentan a diario. Por eso, Estitxu Ugarte, de HIRU, es tajante al afirmar que «ni los peajes ni las euroviñetas solucionarán los problemas que genera el transporte, y tampoco ordenar la circulación».
La representante sindical parte de la base de que hoy en día, tanto en Euskal Herria como en el mundo, «crecer económicamente significa expandir el mercado mediante la deslocalización. El sistema económico actual está basado en la globalización de los mercados y el transporte. Es más –remarca–, está basado en el transporte barato de las mercancías».
En este sentido, apunta que el transportista es el nexo necesario entre el productor y el consumidor, y que en ningún caso el conductor es dueño de la mercancía. «No decide dónde se produce, y tampoco dónde ni quién lo consume». Por eso, HIRU considera que si la sociedad ha decidido que «crecer económicamente es extender los mercados e internacionalizar las empresas y consumir a precios asequibles productos producidos cada vez más lejos», es la misma sociedad quien debería asumir el coste que ese planteamiento supone en las infraestructuras y transportes, porque creen que la euroviñeta y los peajes son un gasto añadido a las tasas e impuestos –matriculación, circulación, hidrocarburos…– que ya asumen. «Más que copago, la euroviñeta sería repago», dijo.
Por último, señala que ningún sistema de pago solucionaría, reduciría u ordenaría los problemas de circulación que padece el territorio porque el problema es el propio sistema. «Además –concluye–, no se prevé llevar la mercancía por un camino que no sea la carretera».
Patxi MENDIA - Antonio GARCÍA
Comité de empresa de Bidelan AP-8 (tramo guipuzcoano)
«¿Supondrá la viñeta la eliminación de nuestros puestos de trabajo? Estamos preocupados»
Actualmente en el tramo guipuzcoano de la AP-8 hay 173 trabajadores. A esta cifra se le suman las horas de los trabajos eventuales, que son 60.000. Esto supone unos 2.000 contratos eventuales al año entre los tramos guipuzcoanos de la AP-8 y AP-1. Ademas de los puestos directos que genera Bidelan, cabe mencionar los de las empresas subcontratadas.
Mendia y García aportan estas cifras para resaltar que los trabajadores están preocupados ante la implantación de la viñeta. «¿Supondría esto la eliminación de los peajes?», se preguntan.
A su juicio, creen que hoy en día algo parecido a la viñeta ya está funcionando. Se trata del telepeaje (TAG), un sistema que consideran como «mejor forma de cobro y descuento para Gipuzkoa por varias razones». Recuerdan que con este sistema para «solo los guipuzcoanos» se puede gozar de descuentos de hasta el 75%.
Asimismo, critican que la viñeta sería igual tanto para el tráfico pesado, como para el ligero europeo y estatal. «Tendría los mismos precios para ellos que para los guipuzcoanos, y no es de recibo, puesto que nosotros ponemos las infraestructuras que pagamos con el esfuerzo de nuestros impuestos».
Para terminar, «si se pretende que el tráfico internacional no se vaya de vuelta a Europa sin pagar», el comité de los trabajadores proponen poner peaje en Etxegarate para el tráfico pesado, y que el transportista guipuzcoano tenga unos beneficios fiscales, y también la empresa de transportes que tenga su domicilio fiscal en Gipuzkoa.
Pedro MARTÍNEZ DE ARTOLA
RAC
«Los presupuestos deben financiar las vías; es un servicio que debe prestar la Administración»
«El derecho de circulación ha de propiciarse desde la Administración pública. Los peajes suponen una merma en ese derecho», declara Artola, al tiempo que resalta el carácter «recaudatorio» de esta medida.
Para la financiación de las carreteras y su mantenimiento existen los presupuestos porque «este un servicio que las instituciones públicas prestan a la sociedad. Sin comunicación sería imposible sobrevivir».
No obstante, hay dos características que hacen del caso de Gipuzkoa diferente. Por una lado su orografía, que limita la construcción «ágil y económica» de las vías, y, por otro, su ubicación estratégica, que hace llegar el tráfico internacional a través del Bidasoa.
«Se podría derivar el tráfico por otras regiones, pero claro, gracias a ese tráfico se logra una sociedad dinámica, y se mueve la economía». A ellos, a los transportistas y camioneros, les dedica también su atención Martínez de Artola, al recordar que la normativa comunitaria no obliga a que los vehículos pesados paguen peajes. «Al cabo del año recorren miles y miles de kilómetros, así que el costo anual puede ser una barbaridad. El conductor terminará huyendo de los peajes».
A pesar de la cantidad importante de camiones extranjeros que cruzan el territorio, aboga por un punto de vista «no discriminatorio». Recordando que «la Unión Europea obliga a tratar a los miembros en igualdad», pide las mismas condiciones para todos los conductores, es decir, en caso de que los guipuzcoanos no tuvieran que pagar peajes, los extranjeros tampoco.
Hubo espacio para defender la existencia del peaje. Eso sí, siempre y cuando la Administración avise de antemano y previamente a construir la carretera que la vía en cuestión será de pago. Cree que en ese caso, hay que abordarlo desde un punto de vista práctico y transparente, y que las instituciones han de ser claras: «Que admitan que no hay dinero, en caso de que así fuera, y que se han hecho unas obras que hay que costear».
Iñaki PÉREZ DE EULATE- Emilio FERNÁNDEZ
AGITAX-G.TAXI
«Es incompatible fomentar el transporte público y cobrarles el uso de la autopista»
Antes de posicionarse y valorar si es necesario o no el peaje, los representantes de los taxistas opinan que el debate inicial consiste en determinar «qué infraestructuras queremos en el territorio», matizando que se trataría de un debate medioambiental. Una vez aclarado este punto, Pérez de Eulate señala que si realmente se pretende disuadir de las carreteras al particular para que no use las vías guipuzcoanas, es necesario potenciar los servicios públicos.
De cara al futuro, admiten que el escenario es «realmente complicado», y proponen que «en el peaje, al no residente, habría que imputarle lo que el guipuzcoano paga a través de sus impuestos».
En lo que al mantenimiento respecta, concluyen que debe haber una viñeta: «Todas las carreteras consideramos que valen lo mismo. Es decir, no puede haber carreteras que tengan pagos y carreteras que no tengan pagos. (…) No debemos fomentar el uso, con lo cual, también debemos cobrar en base al uso».
Ambos representantes defienden que el servicio público debería estar exento de estas tarifas. «Nosotros, el servicio público imputamos a nuestro usuario esa autopista, al usuario que ha dejado su coche para trasladarse en transporte público». Para Fernández, son incompatibles el hecho de que la Administración defienda el uso del transporte público y, por otro, penalizar con peajes o tasas de paso estos servicios.
De existir voluntad por parte de la Administración de financiar la totalidad de las infraestructuras viarias a quienes las utilizan, «de tener que hacerlo», defendieron que sea a aquellos que estén de paso desarrollando una actividad económica y no residentes en Gipuzkoa.
Hoy por la mañana, a partir de las 11.30, la diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, presentará en rueda de prensa la propuesta de la Diputación de Gipuzkoa para la financiación de las infraestructuras viarias.
El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, declaró que la crisis económica obliga a «analizar concienzudamente» la ejecución de nuevas infraestructuras, aunque defendió la construcción del eje Beasain-Bergara porque «vertebra Euskal Herria».
El debate de la financiación y el desfase de 900 millones de euros de Bidegi han coincidido en el tiempo. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas destacó cinco grandes desviaciones y una liquidación sin amparo contratual tras las elecciones forales y municipales del año pasado.
Desde Guitrans, Ignacio Cepeda resalta «la grave situación» que atraviesa el sector, que entre otros aspectos hace frente a un continuo encarecimiento del carburante. Añade que los transportistas no puede asumir más peajes.
