Alberto PRADILLA

El presidente de la Mesa del Congreso español, Jesús Posada abrió el lunes 11 de junio el plazo para que los partidos presentaran candidatos para la renovación de tres órganos del Estado que siguen paralizados: la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. Este último tiene una especial relevancia, ya que sobre su mesa del plenario sigue pendiente el recurso de amparo presentado por Sortu contra su ilegalización. Las negociaciones entre PP y PSOE están ya en marcha con la firme voluntad de ambos de llegar a un acuerdo antes del 29 de junio, fecha tope para presentar a los aspirantes. La renovación del tribunal podría condicionar la resolución sobre la formación abertzale. La mayoría absoluta del PP le permitiría cambiar la correlación de fuerzas en el interior del órgano judicial y decidir si se sigue adelante con la ponencia redactada y corregida ya por la magistrada Elisa Pérez Vera (que todas las fuentes apuntan a que es favorable a dar luz verde a Sortu) o redacta una nueva en el marco de una sala con mayoría conservadora. Ante un escenario repleto de hipótesis, lo único que se sabe a ciencia cierta es que el recurso está en el orden del día del Constitucional desde hace tres semanas y que se anuncia que en próximos días puede haber una decisión. En plenarios anteriores los magistrados iniciaron los debates y el texto se ha ido adecuando a las deliberaciones. Ayer se abrió un nuevo periodo de sesiones que seguirá hasta mañana, y aunque se dice que «esta vez va en serio» -según publicaba ayer «El País»- no hay garantías de que se haga público un fallo.

La renovación de una tercera parte del tribunal está pendiente desde noviembre de 2010. Tienen que ser sustituidos el vicepresidente, Eugeni Gay, y Elisa Pérez Vara. A ambos se les ubica en el sector progresista y, por ejemplo, Gay es autor de buena parte de los votos particulares contra la decisión de avalar la denominada «doctrina Parot». Además, está pendiente por reemplazar el conservador Javier Delgado Barrio, expresidente del Tribunal Supremo, y Roberto Carcía Calvo, juez conservador que falleció en 2008. Este proceso ha estado bloqueado por el PP desde que venció el plazo, ya que la formación que lidera Mariano Rajoy optó por dilatar los tiempos hasta ganar las elecciones y poder imponer a sus candidatos.

Hasta el momento, tanto PP como PSOE han mostrado su disposición a llegar a un acuerdo. Pero esta es una consigna-comodín que también suele utilizarse a la hora de aplicar el rodillo. El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, declaró esta misma semana que se habían iniciado las conversaciones con la formación que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Teniendo en cuenta la política de alianzas practicada por el grupo mayoritario en el Congreso, únicamente CiU tiene papeletas para que se le consulte sobre esta cuestión. Sin embargo, lo que parece claro es que todavía no hay acuerdo firme.

Las hipótesis

En caso de que llegase el acuerdo, se abre un abanico de posibilidades que podrían condicionar la sentencia sobre Sortu. En realidad, lo que ocurra también está en manos del actual tribunal. Estos días tiene la oportunidad para sacar una resolución, pero lleva desde mayo con el tema sobre la mesa sin pronunciarse. Julio todavía es un mes hábil para los debates, pero el relevo condicionaría ya de forma clara todas las decisiones.

El primer condicionante es el hecho de que la ponente, Elisa Pérez Vera, será una de las sustituidas. La llegada de un nuevo ponente podría significar empezar el proceso desde el principio, con una nueva redacción que incluso podría variar el sentido o mantener la ya existente.

A partir de ahí, también entra el condicionante de que el nuevo pleno tendrá, previsiblemente, una mayor presencia conservadora. En realidad, la decisión sobre el derecho a la participación y la elección de decenas de miles de ciudadanos vascos no depende tanto de la correlación ideológica de un tribunal eminentemente político como de la voluntad del Estado. En este caso, con el PP imponiendo su mayoría y controlando el Constitucional, esta realidad se hará todavía más evidente.