Denuncian el desmantelamiento de los servicios sociales de Bizkaia
Colectivos sociales de Bizkaia se concentraron ante la Diputación foral de Bizkaia para denunciar «el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales forales destinados a las familias afectadas por la crisis económica». De forma expresiva, con una persona «ahorcada», afirmaron que el presupuesto social es «insuficiente». Por contra, la Diputación de Gipuzkoa pone en marcha un instrumento para «conocer el nivel real de pobreza y poder actuar».
Juanjo BASTERRA |
Representantes de los colectivos sociales de Bizkaia: Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, «Asamblea de Invisibles», Berri-Otxoak, Bizitegiu, Consejo de la Juventud (EGK), Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal Taldea y SOS Racismo se concentraron ante la Diputación de Bizkaia.
De forma contundente, mediante una horca, denunciaron los recortes sociales. Javier Sierra, miembro de la Posada de los Abrazos, afirmó que «estamos poniendo en evidencia el estrangulamiento de los derechos sociales».
«Queremos denunciar la situación de recortes sociales y falta de presupuesto para atender las necesidades de las familias vizcainas con escasos recursos económicos: en paro, con empleos precarios o deshauciados. Porque cada día cuatro familias vascas son desahuciadas en Bizkaia y, a la vez, se han endurecido los requisitos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que en Bizkaia deja a 1.746 personas sin esa prestación para sobrevivir».
Explicó que el presupuesto foral consignó un 80% menos de recursos que un año antes, hasta los 737.000 euros y «aunque han ampliado en 900.000 euros hace unas semanas, vuelve a ser insuficiente y se agotará en breve por la necesidad».
Comparó la extrema pobreza con que viven una parte muy importante de ciudadanos con la existencia de «68 altos cargos de la Diputación de Bizkaia, que perciben 5,3 millones, que es más que las ayudas que destinan a la inclusión social de los más necesitados».
Precisamente ayer, Diputación otorgó a Cáritas 150.000 euros para su centro «Egunon Etxea» y el Departamento de Asuntos Sociales y Empleo del Gobierno de Gasteiz aportó 500.000 euros a Cáritas «para paliar situaciones de pobreza provocadas por la crisis económica». Ese organismo católico informó que diferentes entidades sociales de la Iglesia de Bizkaia realizaron un encuentro este fin de semana y decidieron reclamar «un papel activo y protagonista para defender el modelo social que humaniza a la sociedad» y pidieron a las administraciones «mayor compromiso para asegurar los derechos y la redistribución de los bienes, velando por los más débiles».
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha una nueva Herramienta de Medición de la Pobreza y la Exclusión Social con el fin de poder contar con un diagnóstico anual de la situación en la que se encuentran las personas con menos recursos económicos del herrialde, así como para conocer la evolución de la calidad de vida de los guipuzcoanos.
El diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, explicó que «de esta manera, la institución foral contará con datos reales que permitirán establecer medidas correctoras eficaces para combatir la pobreza y la exclusión social en Gipuzkoa, una de las prioridades de este Gobierno foral», precisó.
Mostró su satisfacción, por otra parte, porque el Consejo de Diputados aprobó el Decreto contra la Pobreza, que establece la entrada en vigor, a partir del 1 de julio, de la nueva Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), destinada a paliar los drásticos recortes sociales aplicados por el Gobierno de Gasteiz. «Este es un gran paso adelante en el empeño de este por mejorar la calidad de vida de las personas, pero no es el único», dijo. Porque, esta misma semana, Diputación de Gipuzkoa adjudicará la puesta en marcha de la Herramienta para la Medición de
la Pobreza y la Exclusión Social que contará con una inversión de 93.220 euros. El diputado subrayó que, en un momento de crisis como éste, es «especialmente importante» contar con un diagnóstico que nos muestre la realidad de la ciudadanía y «actuar de forma directa y paliar el problema tan grave». J.B.
