El 7 de febrero de 2011, cuando Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin presentaron públicamente en el Palacio Euskalduna de Donostia las bases políticas y estatutarias de un nuevo partido, la suerte quedó echada. Como cuando Julio César ordenó a sus hombres cruzar el estrecho cauce del río Rubicón. Pero esta vez la historia no caminaba hacia una nueva guerra, sino hacia la irreversibilidad del final de una parte de la violencia y a la agudización de la confrontación democrática del independentismo vasco con el Estado español.

Los estatutos de Sortu marcaban una ruptura total con estrategia de las últimas décadas de la izquierda abertzale, no solo en lo referente a su posición con relación a la lucha armada practicada por ETA, sino también a los modelos organizativos mantenidos hasta la fecha.

Al día siguiente de la presentación, la mayoría de los medios de comunicación destacaron titulares como que los estatutos de Sortu contemplaban expulsar a los afiliados que no se comprometieran con vías exclusivamente pacíficas. Pero en ese punto hay dos importantes novedades con respecto a la historia reciente de la izquierda abertzale, y sin una la otra nunca sería posible. Novedoso es que un partido de la izquierda abertzale cuente con una estructura tasada y concretada de afiliados y simpatizantes sobre los que se puedan adoptar medidas disciplinarias prefijadas, cuando lo habitual ha sido que se moviera como una organización asamblearia donde más que afiliados reconocidos había militantes, algunos de los cuales pagaban unas cuotas periódicas que no generaban derechos especiales y solo daban lugar a esta obligación económica.

La nueva formación rompe explícitamente en sus estatutos con los modelos organizativos anteriores y también con los de partidos ilegalizados y disueltos. La arquitectura interna del partido que se dibuja en los Estatutos de Sortu, que va desde la asamblea local al Congreso Nacional y cuenta con la figura de secretario general, marcaba ya hace un antes y un después estratégico que daba por hecha la irreversibilidad de la apuesta de la izquierda abertzale.

Mientras otros se debatían en aspectos nimios y la presentación de Sortu en Madrid se convertía en lo más parecido a un interrogatorio policial (y maleducado), el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, lo vio con claridad: «El lunes fue el primer día de la paz en Euskadi. Esto es irreversible; ya no hay marcha atrás». «Los procesos de este tipo, de tránsito de la violencia a la paz, suelen llegar a una línea roja que no se ve pero que está ahí y que si se atraviesa no hay marcha atrás -explicaba- . Y en este caso la hemos pasado. Estamos en uno de los momentos más importantes desde la Transición»

Fraude de Ley

El debate que dio lugar a la creación de Sortu supuso la ruptura con la estrategia pasada de la izquierda abertzale. En sus estatutos puede leerse que «el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas». Por razones difíciles de entender, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba se empecinó en impedir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, forzando a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado llevaran al Tribunal Supremo valoraciones tales como que Sortu cumple la ley, pero para defraudarla.

El fallo de la más alta instancia judicial española prohibiendo Sortu partió casi por la mitad a la Sala del 61, como ahora ha ocurrido con el TC. Mientras la mayoría pretendía presentar al nuevo partido como otro instrumento de ETA, nada menos que siete magistrados firmaron un voto particular en el que acusaban a sus compañeros de «conjeturas incompatibles con innumerables elementos probatorios que lo contradicen».

El tiempo ha dado la razón a aquellos magistrados discrepantes, no solo por la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la legalización de Sortu, sino porque la práctica política de la izquierda abertzale ha demostrado que lo dicho el 7 de febrero en el Euskalduna no tenía marcha atrás. Además, dos elecciones consecutivas, que la izquierda abertzale tuvo que afrontar desde la ilegalidad en el seno de Bildu y Amaiur, demostraron que el cambio de estrategia, la apuesta por la acumulación de fuerzas independentistas y de izquierda, cuenta con el apoyo de cientos de miles de vascos y vascas. Cruzar el Rubicón fue el primer paso hacia importantes victorias.