A las puertas de los comicios del 22M se disolvió la entidad pública Alonsotegi Eraikiz, una sociedad anónima mercantil para la gestión urbanística en régimen de libre concurrencia de las Normas Subsidiarias (NNSS) que ha dejado una herencia de 3,5 millones de euros de deuda y muchas interrogantes acerca del control económico y de la gestión. Para los responsables de este Ayuntamiento vizcaino, gestionado por el PNV, no ha debido causar excesiva sorpresa ya que desde 2006 la secretaria municipal fue elaborando informes de intervención que alertaban de las irregularidades y lo destacó ante su disolución; no sirvió de nada, se ejecutó.

Dos alcaldes están implicados -los jeltzales Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007) y Aitor Santisteban (2007-2011)- en un rosario de irregularidades, como que por ejemplo no se cumplió la ley de contratos, no se presentaron informes de auditoría e informes de gestión. Sorprende la ausencia de fiscalización por parte de la Diputación, cuando la propia intervención municipal constata que, en relación al IVA, Alonsotegi Eraikiz facilitó datos diferentes al Consistorio y a la Hacienda foral.

El Ayuntamiento aportó a esa sociedad pública, según algunos datos que han transcendido, algo más de 7,3 millones de euros, sin que se conozca el destino de esos traspasos. En un informe fechado el 15 de abril de 2011, poco antes de la disolución, la intervención advertía de que se desconocía «la totalidad de acuerdos/convenios/contratos que la sociedad pública Alonsotegi Eraikiz SAU pudiera haber suscrito con terceros, así como las obligaciones que de ellos puedan derivarse».

La interventora fue meridianamente clara en su análisis, al destacar «la delicada situación patrimonial» de la entidad, además de poner reparos a la operación «por desconocerse las consecuencias tanto jurídicas como económicas». Era una advertencia más a sumar a otras como que se desconociese el grado de ejecución de convenios en operaciones como la de construcción del nuevo campo de fútbol, la remodelación y ampliación del frontón, la urbanización de la plaza Dr. Madinabeitia o la ejecución del nuevo centro de salud que lleva tres años cerrado.

No se quedan ahí los aspectos poco claro de la gestión, como el papel que jugó el letrado Irkus Palacio Garay, uno de los fundadores del bufete bilbaino BMP Abogados, y otras personas vinculadas a él, o la existencia de trabajadores que prestaron servicios al Consistorio «sin existir encomienda alguna».

Tampoco se pasa por alto que no se hiciese un inventario de bienes previo a la disolución o que, inlcuso, en los últimos momentos de la existencia de Alonsotegi Eraikiz SAU, se efectuasen aportaciones desde el Ayuntamiento por importe de algo más de un millón de euros con destino a Laneder Construcciones y de 1,6 millones para Pabisa.

Aún más sorprendente es la falta de información clara en el Consistorio sobre datos de transmisiones de terrenos a las promotoras inmobiliarias Construcciones Basaldi SL y Coblit Promociones SL, que quebraron y dejaron sin ejecutar algunos de los planes previstos.