La Red Europea contra la Pobreza, (EAPN, en sus siglas en ingles) presentó ayer en Bilbo su adhesión a la campaña de recogida de 500.000 firmas para que el Congreso español estudie una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner fin a los desahucios. Entre 2007 y 2011, en el período de crisis económica, en el Estado español se han producido 349.438 ejecuciones hipotecarias y en Hego Euskal Herria están cerca de las 8.000.

Cristina Larrañaga, gerente de EAPN Euskadi, explicó que hasta octubre tratarán de conseguir 33.000 firmas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Con esa ILP se pretende que se paralicen los desahucios, que se permita la dación en pago y se establezca un alquiler social para quienes no pueden pagar.

Un tema que dejó claro Larrañaga fue que «están aumentando las personas que entran en exclusión social» debido al incremento del desempleo. A la vez, esta organización criticó que los emigrantes no podrán firmar de forma legal para esa ILP, «aunque son los más afectados». No obstante, recogerán sus firmas para que se conozca la magnitud y gravedad del problema que «no vemos que pueda reducirse a corto plazo».

Por otro lado, Berri-Otxoak protestó ayer en Barakaldo ante el sorteo de una viviendas por las dificultades para acceder a una vivienda digna en el municipio de Barakaldo y el número de desahucios habidos en la localidad en los últimos meses. Denunciaron que Barakaldo tiene «el dudoso honor de ser el undécimo municipio con los alquileres más caros de todo el Estado español, por encima de los más acomodados municipios de Madrid como Tres Cantos o Las Rozas, con un precio de 10,85 euros por metro cuadrado».