Un año y tres meses después del veto impuesto por el Supremo, el Tribunal Constitucional ordenó en la tarde de ayer, tras una apretada votación, la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. Así, esta formación recupera la legalidad y cierra una década de prohibición, ilegalización y persecución contra la izquierda abertzale. En este tiempo, el apartheid político aplicado a una parte significativa de la sociedad vasca ha alterado por completo la composición de las principales instituciones del país -el Parlamento de Gasteiz sigue lastrado por las consecuencias de la Ley de Partidos- y ha proscrito a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria, que han sido sistemáticamente incluidos en listados policiales. Dentro de unos años, cuando el tiempo permita mirar con cierta perspectiva a todo lo que ha ocurrido en este pueblo, muchos agentes políticos e institucionales no podrán evitar sonrojarse al recordar una etapa en la que muchísimas personas fueron etiquetadas como «contaminadas» y sus derechos más básicos vulnerados.

Han sido diez años de atropello. Pero también de trabajo, lucha y resistencia. El fuerte envite lanzado por el Estado español ha propiciado que buena parte de la sociedad vasca ofreciera lo mejor de sí misma. Porque cada ilegalización, cada veto electoral, ha tenido una respuesta que posiblemente no sospechaban los inquisidores del siglo XXI. Hay que recordar, en este sentido, que hasta cien mil personas han sido capaces de acudir a una notaría para firmar en favor de que listas abertzales pudieran concurrir a los comicios. Y lo han hecho en más de una ocasión. Del mismo modo, la imposibilidad sobrevenida a miles de personas, entre ellas los principales cuadros de la izquierda independentista, de poder presentarse a las elecciones, ha hecho que otras tantas dieran un paso adelante y nutrieran decenas de candidaturas. No ha sido, como se ha apuntado interesadamente, una travesía en el desierto, sino una oportunidad para que la izquierda abertzale constatara hasta qué punto está enraizada en el tejido social de este pueblo.

De la resistencia a la oportunidad

Precisamente, esa constatación ha sido la que ha posibilitado el tránsito al nuevo escenario. Contrariamente a lo que algunos auguraron, la izquierda abertzale no se ha disuelto «como un azucarillo» a causa de las ilegalizaciones y ha mantenido siempre un importante soporte popular, tanto en la calle como en las urnas. Un respaldo que hace tres años le permitió abrir un debate de calado estratégico que ha desembocado en la oportunidad histórica que tiene hoy este pueblo de alcanzar un marco de paz definitiva y democracia. Sin todos esos votos que fueron anulados, sin ese enorme esfuerzo realizado para llevar a todas las casas las papeletas de la lista que en cada momento tocara, sin ese trabajo militante, «Zutik Euskal Herria» no hubiera existido, y en Euskal Herria la situación sería hoy muy diferente.

Porque ha sido capaz de resistir, la izquierda abertzale ha podido superar la fase de resistencia. Fue desde la confianza en sus propias fuerzas desde donde decidió adoptar una estrategia unilateral que permitiera superar el bloqueo en el que tan cómodamente habitaban los estados. En los últimos meses se han ido recogiendo los frutos de una apuesta que no pocos despreciaron hace tres años y que ahora se muestra ganadora. La legalización de Sortu, que se produce pocos días después de que la Audiencia Nacional absolviera a los acusados en el juicio contra D3M y Askatasuna, es un nuevo hito en un camino en el que aún queda mucho por recorrer.

Hacia un escenario de democracia real

Porque, nadie se puede llevar a engaño, todavía resta trabajo por hacer. El fallo del Tribunal Constitucional es solo el inicio de un proceso que debe concluir con la democratización real de Euskal Herria. Y no va a ser una tarea sencilla; el hecho de que en un escenario de cese definitivo de la actividad armada de ETA cinco magistrados sigan defendiendo la ilegalización de Sortu; que el fiscal general del Estado insistiera pocas horas antes de conocerse el fallo en que la formación abertzale debía seguir ilegalizada; o que el propio ministro de Justicia respondiera a la decisión mostrando su discrepancia, son indicadores de que demasiados sectores del Estado español mantienen la inercia de tiempos pretéritos. No hay que olvidar, asimismo, que militantes cuya contribución ha sido fundamental para abrir este nuevo tiempo permanecen en prisión. Ayer, el nombre de Arnaldo Otegi volvió a estar en boca de todos.

Euskal Herria está lejos de conocer la democracia, y ese es el objetivo de quienes en 2009 apostaron fuerte por el cambio. Esa es la razón de ser de quienes en los últimos diez años se han plantado ante las ilegalizaciones: alcanzar un escenario en el que la voluntad de la sociedad vasca sea, por fin, respetada; un futuro en el que las cárceles españolas y francesas no estén llenas de hijos e hijas de este pueblo. Queda mucho por hacer.