Gamiz-Fika se suma a los municipios afectados por la mala gestión jelkide
Gamiz-Fika se suma a los municipios vizcainos afectados por una gestión del PNV que deja mucho que desear, según se desprende del diagnóstico económico efectuado una vez Bildu accedió a la Alcaldía en 2011. Las subvenciones forales fueron las que salvaron sus arcas.
Agustín GOIKOETXEA |
«Vergüenza ajena» confiesan sentir los nuevos responsables municipales de Gamiz-Fika después de analizar la revisión limitada de los estados contables del periodo 2007-2010 y el diagnóstico económico financiero. Bildu impulsó tal estudio ante la ausencia de información fiable, informe que el PNV apoyó pero finalmente se abstuvo cuando se trato en el pleno.
El objetivo del nuevo alcalde, el soberanista Luis Lekerika, era «subsanar cuanto antes todas las deficiencias indecentes y recomendaciones innumerables recogidas en el estudio». En vez de asumir su grado de responsabilidad, la anterior alcaldesa, la jeltzale María Jesús Menika, ha tratado de ensalzar su gestión cuando, en opinión de Bildu, deja mucho que desear.
Las irregularidades contables detectadas son múltiples, como que las cuentas de 2007 a 2010 no fueran analizadas por una auditoría externa; que no se contabilizaran las facturas, solo su pago; o que ninguna de ellas estuviera conformada o rubricada por un responsable. «Solo el año 2007, hay doce pagos por un importe de 7.995,67 euros cuyas facturas no existen», denuncian desde la coalición.
Además, se da el caso de que la contabilidad subcontratada a una gestoría externa, que era de caja y no de devengo, impide conocer cuál era el dinero del que disponían en cada momento momento en las arcas del Consistorio. En Gamiz-Fika, como en otros municipios, se repite la anomalía de que no hay un inventario de bienes públicos.
El sueldo de la alcaldesa
Lo que sí conocen es que los gastos de personal en el periodo 2008-2010 ascendieron un 42,64%. La razón principal fue el sueldo de más de 60.000 euros anuales que percibió Menika, la primera y única representante política del Ayuntamiento que ha cobrado.
Tampoco pasan por alto que hubo un trabajador municipal sin contrato que cobraba en mano y que los importes de las horas extras no figuraban en nómina; «por tanto, no se declaraban fiscalmente ni se cotizaban en la Seguridad Social».
De la mano de Bildu se ha conocido el remanente de tesorería; es decir, el saldo real en el momento en que accedieron al Consistorio. La principal conclusión que extraen es que la situación se ha salvado gracias al importe cobrado de la Diputación en concepto de ingreso de capital para subvenciones, y no de ingresos corrientes para gastos. Destacan que este cobro pendiente de la institución foral no constaba en la contabilidad del Ayuntamiento como partida pendiente de cobro. «Sin el cobro de los importes pendientes de subvención -aclaró-, el saldo real hubiera sido negativo, de menos 82.873,23 euros».
Ante este panorama, Bildu apuesta por una gestión municipal «muy diferente», en la que se potencia la claridad, la transparencia y la cercanía al pueblo. Así, por ejemplo, se han constituido comisiones abiertas «en las que el PNV -recuerdan los soberanistas- decidió no participar ni colaborar».
El anterior modelo de gestión, según la coalición soberanista, es el que ha llevado a los jelkides a pasar de siete corporativos a tres. Bildu ostenta la Alcaldía con seis de los nueve ediles que conforman la Corporación municipal de Gamiz-Fika.
Las Normas Subsidiarias fueron aprobadas sin ningún debate. Un vecino fue a los juzgados y el TSJPV las anuló en todo el suelo urbano de Gamiz. Eso era desconocido por los residentes. Bildu busca ahora soluciones.
Tres días antes del 22M, la entonces alcaldesa firmó un convenio urbanístico para la venta de un terreno municipal para edificar viviendas tasadas. El presidente de la cooperativa era su hijo y la vicepresidenta, una concejala del PNV.
Bildu acusa al PNV y a la exalcaldesa María Jesús Menika de querer olvidar su nefasta gestión al frente del Consistorio y de emprender una campaña para «esconder las chapuzas» que les han tocado resolver en estos meses.
El Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia aprobó ayer el decreto regulador de la norma foral refrendada el jueves pasado en las Juntas Generales que permitirá a los ayuntamientos con problemas económicos elevar su límite de endeudamiento para hacer frente al pago de las cantidades adeudadas a contratistas y proveedores. El decreto entrará en vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial.
El portavoz, Juan María Aburto, explicó que los consistorios que quieran acogerse tendrán que presentar un plan de ajuste, previo a que la Diputación refrende el endeudamiento con un plazo límite de amortización de 10 años, ampliable a 15.
Se aprobó también un anteproyecto de norma de Demarcaciones Territoriales, cuya finalidad, precisaron, es lograr un modelo de organización del territorio que «permita una mejor adaptación a la actual realidad económica y social, y un mejor aprovechamiento de recursos». En la práctica supone que el PNV cierra la puerta a nuevas segregaciones, como la que reivindica Usansolo de Galdakao. A.G.
