La Asociación de Trabajadoras de Hogar-Etxe Langileen Elkartea (ATH-ELE) admitió ayer que la integración en el Régimen General de la Seguridad Social ha supuesto un avance, pero reconoció que han aumentado los despidos y han empeorado las condiciones laborales.

También dejó claro que las trabajadoras emigrantes «sufren más, porque algunas tienen que esperar tres años para tener papeles y, de eso, se aprovechan los empleadores», según dijo Liz Quintana, portavoz de la asociación, quien añadió que se están encontrando con bastantes casos en donde los empleadores «utilizan el chantaje y la amenaza para que el coste que les supone el dar de alta a las trabajadoras lo asuman ellas a costa de un menor salario y de unas peores condiciones de trabajo».

Al hacer balance de la situación, lamentó que la Administración no tuvo en cuenta la dotación de medios adecuados para atender a las trabajadoras y a los empleadores. «Nos han enviado desde la Seguridad Social a nuestra pequeña y modesta asociación consultas de empleadores para que se las resolviéramos nosotras», precisó.

En este caso recordó que el año pasado tuvieron 241 consultas, sin embargo en el primer semestre de 2012 «se han disparado a 761 consultas».

Quintana recordó que la nueva normativa «supone un avance para el colectivo» en cuanto a la Seguridad Social, al reconocimiento del accidente de trabajo y el cobro de las bajas como en el resto de los sectores laborales. Pero esa equiparación «que los gobiernos han alardeado, no es cierta», porque «ni tenemos derecho a desempleo ni se puede cotizar por lo que efectivamente se gana». Explicó que el 43,2% de las consultas de las trabajadoras externas se debe al incremento importante de los despidos y un 41,66% son consultas de trabajadoras internas, «a las que no se les ha resuelto el problema de hacer descansos».

La Asociación de Trabajadoras de Hogar demandó la intervención de la Inspección de Trabajo y de la propia Administración para evitar «esos chantajes, amenazas y rebaja de condiciones laborales, que se están poniendo encima de la mesa cada día». Liz Quintana en este caso denunció que «la hipocresía social que, por un lado, utiliza esa mano de obra que es absolutamente necesaria e imprescindible para que todo este sistema funcione y por otro las mantiene en una situación de desprotección legal». Advirtió que sin estas trabajadoras, sobre todo las emigrantes, «estaría paralizado el cuidado de mayores».