Heinz Fromm era el presidente de la Oficina Federal de la Protección de la Constitución (BfV) hasta que presentó, a principios de julio, su dimisión al ministro de Interior, Hans-Peter Friedrich. El detonante para la renuncia fue un artículo del semanario «Der Spiegel» que revelaba que un agente destruyó documentos relacionados con el grupo neonazi denominado Clandestinidad Nacional Socialista (NSU) unas pocas semanas después de la violenta autodisolución del grupo a principios de noviembre de 2011.

Después de un atraco a un entidad bancaria dos de los tres integrantes del NSU murieron en un supuesto suicidio que acabó con el incendio de la caravana en la que se encontraban. Según la versión oficial, tomaron la decisión de quitarse la vida cuando observaron a una pareja de policías acercarse al vehículo en el que guardaban varias armas de fuego. Nada de ofrecer resistencia, aunque desde 1998, cuando pasaron a la clandestinidad, habían matado a diez personas, entre ellas a una agente policia.

Pocas horas más tarde, su compañera, Beate Zschäpe, hizo volar por los aires la casa en la que residía el trío. Después de dos días viajando por Alemania y enviando un DVD propagandístico de la NSU, se entregó a la Policía acompañada de su abogado. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva y mantiene un férreo silencio. Pero pronto podría quedar en libertad, ya que el juez instructor del caso advirtió a los investigadores de que se les está acabando el tiempo para presentar pruebas fehacientes que justifiquen el encarcelamiento de la sospechosa. No son palabras huecas, porque ese magistrado ya dejó en libertad condicional a otros cinco neonazis que presuntamente mantuvieron contactos con la NSU durante sus trece años de existencia.

Sobre Zschäpe corre también el rumor de que podría haber sido una infiltrada del servicio secreto interior en el mundo neonazi, aunque faltan pruebas sólidas que confirmen esa afirmación. Las últimas informaciones apuntan a que los documentos destruidos, reconstruidos a través de otras fuentes, no hacen referencia a Zschäpe.

Pero Heinz Fromm tiró la toalla también porque se desveló que sus agentes no dejaron siempre constancia de sus actividades e ignoraron por completo las leyes de protección de datos. La central de la BfV no era una excepción, sino que más bien marcaba la regla, y por eso otros dos cargos, los directores de las oficinas regionales de Turingia y Sajonia, tomaron también la decisión de dimitir.

Guión hollywoodiense

Para mayor escarnio, la semana pasada la comisión parlamentaria de Turingia desveló algunos detalles sobre la gestión del primer jefe regional del servicio secreto interior, Helmut Roewer, que podrían haber servido de guión para una comedia hollywoodiense. «No me acuerdo quién me nombró», dijo públicamente y aclaró que «después de una fiesta, en la que estuve borracho, me desperté con un sobre en la mano que contenía mi nombramiento». Esta amnesia, quizás etílica en este caso, también afectó a otros integrantes del entonces Gobierno regional porque ni el ministro de Interior ni su secreta- rio de Estado recordaban quién y por qué méritos se nombró a Roewer para tal cargo. En 2000, perdió su puesto cuando se descubrió que, bajo una identidad falsa, había creado una editorial que recibía fuertes subvenciones de la entidad secreta que él dirigía. Sus subordinados contaron a los diputados con todo lujo de detalles cómo su superior les recibía con sus sucios pies descalzos puestos en la mesa, cómo festejaba con agentes femeninas en su despacho y cómo solía dar vueltas en bicicleta por el pasillo junto a su oficina.

Berlín aprovecha ahora este múltiple escándalo para reformar su Comunidad de Inteligencia, que agrupa a una treintena de instituciones. Esta estructura está anticuada, porque corresponde, en gran parte, a las exigencias de la Guerra Fría pero no a la necesidades de un Estado que pretende asumir un rol de liderazgo dentro y fuera de la Unión Europea por el bien de sus intereses económicos, políticos y militares.

Para ello, le hará falta una organización más centralizada que aún choca con el modelo del federalismo alemán. En el mejor de los casos, la BfV solo recortará competencias a sus 16 oficinas regionales; en el peor, perderá competencias frente a la Oficina Federal Criminal (BKA), que debe convertirse en una especie de FBI a la alemana. Afectará seguramente también al «hermano castrense» de la BfV, el servicio de contraespionaje militar (MAD), que podría fusionarse con su «gran hermano», el servicio secreto exterior (BND). Este último ya colabora con las Fuerzas Armadas facilitando informaciones tácticas y estratégicas. Actualmente los partidos políticos están negociando con el Gobierno de Angela Merkel el precio político de esta reforma para que nadie pierda áreas de influencia tras una reorganización que parece imparable.