La tentación de las instituciones de utilizar el «orden público» para legitimarse a sí mismas viene de lejos, especialmente en este país. Han sido muchos los gobiernos que han sobrevivido años y años apoyándose en el «nosotros somos los demócratas y ellos, los violentos», lo que, por un lado, les daba carta blanca para imponer ciertas políticas y, por otro, les servía de cortina de humo para tapar otros temas incómodos.

Lo ocurrido en el Riau-riau y el «encierro de la villavesa», así como la nota contra Maiorga Ramírez, apuntan a que UPN ha decidido recurrir a esa antigua receta, en parte por nostalgia y en parte porque su situación institucional es más delicada que nunca, con un Gobierno en minoría política -y sobre todo social- y con la posibilidad de que esa crisis se extienda como la pólvora a los ayuntamientos que controla, comenzando por el de Iruñea.

La actuación policial de la mañana del día 15 arroja más luz sobre la actuación municipal en la tarde del día 6. Efectivamente hay un hilo conductor, pero no el que propaga el Ayuntamiento al asegurar que en el «encierro de la villavesa» había personas investigadas por el Riau-riau, sino justo por lo contrario: se evidencia aún más que todo es una operación orquestada para recrear la mentira de que el Ayuntamiento de Iruñea está hostigado por una minoría violenta y que el orden público es un gran problema.

Visto con la perspectiva que da la suspensión temprana del Riau-riau se lee más claro cuál era el objetivo del equipo de gobierno de UPN al convocarlo sin consenso. Para su estrategia era un chollo: si funcionaba, el alcalde tendría un éxito que apuntarse; y si no, ya se culparía a los «violentos» (¿cómo no iba a encontrarse algo que imputar, aunque sea muy leve, en un acto cuyo sentido es increpar e impedir que avance la Corporación rodeada por un cordón policial?).

Esa premeditación se ve más clara en la carga de la calle Estafeta, más aún después de que se afirme que había policías de paisano incitando a atacar a la Policía -lo que, por cierto, no ocurrió apenas, y de hecho no hay nadie herido en ese lado-. Que se cargue a pelotazos, por primera vez en Euskal Herria desde la muerte de Iñigo Cabacas, para que un grupo de gaupaseros no corte la calle un domingo a las ocho de la mañana únicamente se puede explicar como parte de esa campaña prefabricada y absurda.

Una campaña que solo engañará a los incautos. Recrear a estas alturas que la sociedad se divide entre «demócratas» y «violentos», y no entre quienes dinamitan día a día el Estado de Bienestar y quienes lo padecen, quienes recortan y a quienes les recortan, los que imponen el dictado de Madrid y quienes reivindican decidir aquí, es solo una gran tomadura de pelo.