El fiasco de la compañía británica G4S, encargada de la seguridad privada en los Juegos Olímpicos, que quince días antes de su inauguración anunció que no sería capaz de aportar los más de 10.000 guardias a los que se había comprometido, ha puesto en cuestión la subcontratación de determinados servicios públicos y ha socavado la confianza que en la tierra de Margaret Thatcher se tenía en la gestión privada de lo público.

El lunes, la ministra de Interior, Theresa May, afirmó que G4S había dado al Gobierno «repetidas» garantías de que estaría lista a tiempo antes de admitir a última hora que no podría cumplir su contrato al ser incapaz de reclutar y formar al personal suficiente. May tuvo que reconocer que no está claro cuántos guardias privados serán finalmente movilizados y la oposición denunció un «gran desastre».

La celebración de los Juegos Olímpicos en Londres ha llevado al Gobierno británico a establecer un dispositivo de seguridad jamás desplegado en el país en tiempos de paz y transformar la capital en una fortaleza, con instalación, incluso, de misiles en algunas azoteas que han indignado a los residentes, y más de 40.000 efectivos -militares y civiles- serán movilizados. Un dispositivo excepcional que costará 662 millones de euros y cuya pieza clave serán los 13.700 militares, un contingente mayor que el de los 9.500 hombres que Gran Bretaña tiene desplegado en Afganistán.

A diez días para el inicio de los Juegos Olímpicos, la compañía G4S, que emplea a 650.000 personas en todo el mundo y ha caído un 15% en Bolsa en menos de una semana, espera desplegar «como máximo» 7.000 guardias privados, cuando el Gobierno consideraba necesarios 10.400 para garantizar la seguridad en los recintos deportivos.

De la guerra en Afganistán

Para cubrir ese «hueco», el Ejército británico movilizará a 3.500 soldados adicionales, que se sumarán a los 13.700 ya desplegados. Algunos de ellos están regresando de la guerra en Afganistán.

«Los conservadores no deberían jamás cometer el error de enamorarse de la empresa privada», indicó a «The Times» William Waldegrave, director del Eton College y exmiembro del Gobierno conservador de John Major. A su juicio, «si Thatcher puso en su lugar un Estado que se había desviado» lejos de sus misiones, «hoy corremos el riesgo de un desequilibrio en la otra dirección». «Se puede confiar en el libre mercado para vender coches, pero el Estado es el protector de los débiles», dijo.

La defensa del Estado protector y la libre empresa han convivido siempre en el seno de los tories, pero el liberalismo de los años de Gobierno de Thatcher parece haber prevalecido en los últimos 30 años. Y es que, más allá de la seguridad de los Juegos Olímpicos, áreas enteras de servicios públicos han sido subcontratadas.

El sector privado gestiona la vida cotidiana de los británicos «desde la cuna a la tumba», señaló «The Financial Times».

Pero el programa de recortes del Gobierno ha acelerado el proceso y los organismos públicos, con un 20% menos de recursos, recurren cada vez más a subcontrataciones en el sector privado.

La Policía de West Midlands y Surrey tenía previsto delegar ciertas competencias al sector privado, pero cada vez son más las voces que instan al Ejecutivo a reconsiderar su política de subcontratación en los ámbitos de seguridad, sobre todo porque esas empresa privadas emplean en su mayoría a exsoldados. Y no tiene sentido eliminar, como pretende el Gobierno, al 20% del Ejército para 2020 para luego subcontratar a empresas que emplearán a esos militares.

El consejero delegado de G4S, Nick Buckles, dijo sentirse «avergonzado». La empresa, que podría perder 61 millones de euros, firmó en diciembre de 2010 un primer contrato para entrenar a 2.000 agentes de seguridad privada, un acuerdo que después amplió. En 2012 empezó los cursos de formación para las 20.000 de las cerca de 110.000 personas que presentaron una solicitud y varios meses después, muchos de ellos no se han presentado en sus puestos. Para la oposición laborista, han sido las precarias condiciones de contratación las que les han llevado a no presentarse.

Buckles aseguró que no supo hasta el 3 de julio que tendrían problemas, aunque algunas informaciones apuntan a que el Ministerio de Defensa empezó a preparar a más de 4.000 militares, veteranos de la guerra en Afganistán, en abril, tras recibir información confidencial de que faltaría personal de seguridad.

La seguridad es ahora la prioridad en Londres, que el 7 de julio de 2005, un día después de ser elegida sede de los Juegos Olímpicos, fue escenario de una serie de ataques yihadistas en el transporte público que dejó 52 muertos.