No hay consenso sobre la postura a adoptar ante los recortes planteados por el Gobierno español en materia de dependencia. Las diputaciones de Araba y Bizkaia rechazaron ayer la propuesta del Ejecutivo de Lakua de tomar una postura institucional común en la CAV en contra del tijeretazo en la Ley de Dependencia.

Ambas instituciones, junto con la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, se desmarcaron de la propuesta del departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta. La diputada de Asuntos Sociales de Araba, Marta Alaña (PP), señaló que las competencias en materia de dependencia corresponden a las instituciones forales y no al Gobierno autonómico. «Si el Gobierno Vasco pide respeto a sus competencias, también las diputaciones lo pedimos para las nuestras», concretó.

Por su parte, la diputación vizcaina, gobernada por PNV, también vetó la propuesta de Lakua, aunque ya ha anunciado que no pondrá en marcha estos recortes.

Gipuzkoa, por el blindaje

La Diputación guipuzcoana, liderada por Bildu, lamentó en un comunicado que Araba, Bizkaia y Eudel, hayan impedido debatir la posibilidad de formar un «frente común» contra las medidas del Gobierno español. El diputado foral de Política Social, Ander Rodríguez, reafirmó la apuesta de Gipuzkoa para blindar las prestaciones por dependencia, pero precisó que, para ello, el Ejecutivo autonómico debe asumir el «pago de las cotizaciones a la Seguridad Social» de los cuidadores, que el Gobierno del PP dejará de costear a partir del 1 de setiembre.

Por su parte, el departamento de Asuntos Sociales de Lakua incidió a las instituciones forales en la necesidad de estar unidas para hacer frente a la reforma. Añade que Zabaleta es consciente de que la competencia es de las diputaciones, pero insistió en que la situación requeriría un posicionamiento común contra la reforma porque «recorta de manera notable los derechos y las prestaciones».

Añadió que las diputaciones «deben clarificar a sus ciudadanos el mantenimiento de sus derechos». Por ello, remarcó la «absoluta necesidad» de abrir el debate sobre la financiación estable de la Ley de Dependencia, es decir, sobre la fiscalidad. Incidió en que la CAV no tiene un problema de gasto, sino de política de ingresos por lo que instó a las diputaciones a debatir sobre política fiscal y la financiación de la Ley de Dependencia.