El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, oficialmente ganador de los últimos comicios presidenciales, reconoció ayer que celebró un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad a través del cual esa firma se obligó a prestar servicios «consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizadas por personas autorizadas por el partido».

El PRI insistió en negar el presunto uso de fondos ilícitos en la campaña electoral del que le acusa la izquierda, aunque reconoció que utilizó tarjetas de prepago para cubrir «gastos ordinarios» durante el proceso.

El partido respondió así al juicio de inconformidad interpuesto por la izquierda contra el resultado de la elección presidencial en la que resultó vencedor Enrique Peña Nieto.

«Para cumplir con metas y objetivos relacionados con sus tareas ordinarias, el PRI recurrió a un sistema práctico de contratación de personal, acompañado de un método eficiente y eficaz de pago», reseñó un comunicado. Reconoció haber usado hasta 7.851 tarjetas de prepago con recursos disponibles, por un monto total de 66 millones 326.300 pesos (4.900 millones de dólares).

Movilización ciudadana

Por su parte, la izquierda convocó una movilización ciudadana, con asambleas en plazas públicas y mensajes en los medios de comunicación y en redes sociales, para apoyar su petición de que se declaren inválidas las últimas elecciones. «Estamos pidiendo que se invalide la elección presidencial porque hay violaciones gravísimas a la Constitución», afirmó el excandidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador al lanzar la campaña en una rueda de prensa. «Vamos a actuar siempre por la vía pacífica», afirmó Obrador en la presentación del Plan Nacional de Defensa de la Defensa de la Democracia y de la Dignidad.

El plan comenzará el lunes con la difusión de un mensaje que será transmitido por los medios de comunicación y las redes sociales. El 29 de julio se instalarán asambleas informativas en 142 plazas del país y se repetirán el 5 de agosto en todas las capitales estatales hasta el 6 de setiembre próximo, plazo que tiene el Tribunal Electoral para entregar la constancia de presidente electo al ganador de los comicios del 1 de julio.