El norte del departamento del Cauca volvió a vivir una «muy tensa» jornada después de que el jueves falleciera un segundo indígena, de 24 años, mientras participaba en el corte de la carretera que une el municipio de Caloto con Corinto. Al parecer, el joven recibió un impacto de bala en la espalda.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Huasanó -un barrio de Caloto-, Alberto Canas remarcó el sentimiento de tristeza y rabia entre los habitantes del municipio, que esperan darle hoy sepultura.

Explicó que todo comenzó cuando el Ejército instaló un puesto de control en una finca en la que los campesinos necesitaban trabajar, por lo que solicitaron su retirada. «Se fueron hacia cierto sitio, pero luego llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ellos hicieron el daño, arremetieron desde las 16.00 dando plomo a diestro y siniestro, y ahí fue donde cayó el muchacho», manifestó.

El general Jorge Humberto Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, alegó que «los indígenas taponaron la vía desde la mañana, por lo que la Policía fue al lugar a apoyar».

En este contexto, el alto consejero para asuntos políticos y delegado presidencial para mediar en la crisis, Aurelio Iragorri, anunció la creación de una mesa de diálogo que se pondrá en marcha el próximo lunes,

No obstante, el Gobierno reiteró que no negociará la presencia militar en la zona y lejos de satisfacer las demandas de los habitantes del Cauca, anunció el envío de 20.000 uniformados más para reforzar la seguridad.

«La Fuerza Pública va estar en todo el territorio y no es algo en discusión. El Estado y los funcionarios del Gobierno somos los primeros en decirlo», remarcó el ministro de Interior, Federico Renjifo. Por su parte, el titular de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó una nueva estrategia de guerra para el Cauca, Nariño y Valle y anunció la intensificación de los operativos.

En este contexto, el jueves, dirigentes de la etnia Nasa-Paez, la segunda comunidad más numerosa del país con unos 130.000 integrantes, se reunieron con el representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, y el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, a quienes pidieron que «lleven la voz del movimiento indígena al Gobierno». Los nativos solicitaron a la Fiscalía que antes de iniciar un diálogo se comprometa a no procesar a los miembros de la comunidad que se opusieron al Ejército, y que la Policía suspenda la vigilancia que ejerce sobre 32 heridos que participaron en los enfrentamientos con la Fuerza Pública y que son atendidos en centros médicos. También pidieron que el comisionado de la ONU para los derechos humanos Todd Howland y el Defensor del Pueblo sean garantes del diálogo.

Los indígenas se levantaron la semana pasada y comenzaron una serie de movilizaciones en varios municipios del departamento para exigir la inmediata salida de sus territorios tanto del Ejército como de la guerrilla.

Centenares de nativos destruyeron trincheras construidas por militares y policías y formaron una comisión para buscar campamentos guerrilleros y exigirles su salida.

El martes, cerca de 3.000 indígenas expulsaron a unos 200 militares encargados de vigilar equipos de comunicaciones en la cima de el cerro Berlín, a dos horas de Toribío. Al día siguiente, recuperaron el control del lugar con el apoyo de un escuadrón de la Policía, que usó gases y granadas de aturdimiento.

Se calcula que en Colombia hay un millón de indígenas que habitan sobre todo en las áreas rurales y selváticas, donde el conflicto armado y sus consecuencias son más intensas.