El pacto fiscal dejó de ser ayer una propuesta electoral o del Govern para convertirse en un mandato del Parlament. El Ejecutivo de CiU consiguió la luz verde de la Cámara consolidando el acuerdo al que ya había llegado con los grupos de ICV y ERC -al que se sumaron también el diputado socialista Ernest Maragall y el independentista Joan Laporta- y obteniendo el apoyo del PSC al grueso de la propuesta.(...)

El acuerdo prosperó pues con el sí de 84 diputados, el 63% de los parlamentarios, y el apoyo parcial de otros 27 -del PSC-, y sin que el PP expresara un no tajante. Una mayoría amplia que traduce la convicción mayoritaria entre la ciudadanía y los agentes económicos, sociales y culturales que Catalunya aporta demasiado al Estado y recibe demasiado poco -el déficit fiscal- y que el modelo actual es manifiestamente insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas, como ha puesto en evidencia dramáticamente la recesión económica.(...)

La propuesta atribuye a la Generalitat la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, autonómicos y estatales, con capacidad normativa plena, a través de una agencia tributaria propia (...) y la fijación de una cuota de retorno al Estado en concepto de solidaridad interterritorial.(...)

El president Artur Mas resumió ayer gráficamente qué supondría para Catalunya la consecución del pacto fiscal, que ahora se tendrá que negociar con el Estado: el déficit cero. La afirmación se sustenta en el elevado drenaje fiscal que sufren los contribuyentes catalanes, calculado en 16.000 millones de euros anuales de diferencia entre lo que aportan a la caja estatal y lo que reciben en forma de servicios e inversiones. En la hipótesis de que el Gobierno español asumiera el acuerdo del Parlament no haría falta que la Generalitat pidiera la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) -el rescate al que ya se han acogido Valencia y Murcia- para hacer frente a los 5.775 millones en vencimientos de la deuda hasta finales de año. La crisis ha disparado las necesidades de financiación de Catalunya. Pero que nadie se equivoque: el problema es estructural y requiere soluciones políticas y financieras que tienen que ir más allá de la coyuntura, por grave que sea. Catalunya no puede vivir asfixiada y España tampoco se lo puede permitir.