Resulta que no había «café para todos». El proyecto de ahogar las demandas soberanistas de las naciones que sobreviven en el Estado español diluyéndolas en una maremágnum administrativo llamado «la España de las autonomías» era un fiasco de principio a fin. No era viable, no era sensato, respondía sobre todo a las necesidades de control de la disidencia y de la pluralidad que tenía Madrid. Respondía a una cultura política metropolitana basada en el centralismo y el hegemonismo, un modelo político que niega la existencia dentro de su territorio de otras naciones que no sean la española. En la Transición los franquistas, reconvertidos del día a la noche en demócratas, no tenían duda de que su misión fundamental era salvar la estructura del Estado; mientras tanto los neojacobinos hacían ejercicios intelectuales con el federalismo pero jugaban la carta del centralismo por etapas; y los nacionalistas periféricos se disfrazaban de fenicios en vez de actuar como líderes de sus naciones.

Es ahí donde surge la estrategia de hacer de la entidad administrativa más rutinaria un elemento central del entramado institucional español. Una tentación que ya tenía precedentes antes del alzamiento, siempre con la unidad de España como leitmotiv ¿Que luego además a los representantes políticos de esas regiones les entró la megalomanía y establecieron un sistema clientelar y corrupto a la altura de la clase política con una escasa tradición democrática? También. Pero de origen les habían hecho creer que sus comunidades tenían que ser lo más parecido posible a las vascas y catalanas. Es decir, que si los vascos piden una selección de fútbol, ¿por qué no va a haber una Selección Absoluta de Fútbol de la Región de Murcia o de Aragón? El despropósito se ha disfrazado de naturalidad, de normalidad, cuando la realidad es que en el Estado español la excepcionalidad se ha convertido en norma. En el Estado español la burbuja ha sido el estado permanente en todos los ámbitos, no solo en el económico.

El caso de Nafarroa, como demuestra el extenso artículo de Ramón Sola que publica hoy GARA, evidencia que en el Estado español las decisiones sobre «ordenación del territorio» y «desarrollo regional» no han sido tomadas en base a criterios de racionalidad socioeconómica. Ni en el pasado ni en el presente. Cualquier observador externo plantearía, al menos como hipótesis de trabajo, siempre que la ciudadanía lo refrende, que las relaciones entre Nafarroa y el resto de provincias vascas se racionalicen, se normalicen. Porque resulta evidente que Nafarroa es mucho más viable económica y políticamente junto a esos otros territorios. Su desarrollo cultural y social también se vería beneficiado. Oponerse a ello, por principio, solo responde a intereses creados o a evidentes prejuicios.

Lo tienen complicado también quienes anhelan escenarios pasados. Es el caso de los regionalistas catalanes, su sociedad ya no cree en la voluntad de los mandatarios españoles de llegar a acuerdos. Además, Madrid no tiene dinero para asumir el pacto fiscal. También los autonomistas vascos lo tienen difícil en este sentido. ¿Qué pacto pueden hacer con quienes no han cumplido un Estatuto que emana de la Constitución española, más de treinta años después de haberlo firmado? Además, a estas alturas resulta evidente que la derecha solo argumenta el fracaso del pacto autonómico en clave recentralizadora. Y, al igual que la sociedad catalana, cada vez más vascos ven en la soberanía una alternativa política, económica, social y cultural más conveniente, mejor.

Cautivos de sus propias obsesiones

En este contexto, ¿puede el Estado español permitirse mantener a un preso político en la cárcel con un diagnóstico como el que tiene Josu Uribetxeberria? Pueden mantenerle preso saltándose sus propias leyes, pero así solo demostrarán que quienes están cautivos son ellos. Cautivos de sus obsesiones, de las trampas que se han puesto a sí mismos, de la jaula retórica que se han construído. Sea por humanidad o por hipocresía, el hecho es que la crueldad no cotiza al alza en la esfera internacional. Y en este momento a España desde esas esferas la están mirando con lupa. A fuerza de intentar imponerse -nunca mejor dicho- en cada batalla frente a las fuerzas soberanistas vascas, los mandatarios españoles corren el peligro de «perder la guerra». En medio de una tormenta económica perfecta que se ha llevado su credibilidad por delante, y tras el varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en torno a la «doctrina Parot», solo les falta extender la desconfianza al terreno de los derechos humanos. Ellos verán.

En el caso de la sociedad vasca, urge activar a la sociedad en torno a este caso, al igual que respecto al resto de casos de presos con enfermedades graves. Josu Uribetxeberria debe quedar en libertad de inmediato y el resultado final dependerá en gran medida de que se active la opinión pública vasca, de que el tema entre en la agenda política. Casi todo ha cambiado en Euskal Herria en los últimos años, pero eso no quiere decir que se deban olvidar dinámicas, modos de hacer, capacidades sociales que en el pasado ya lograron esos objetivos.