Bajo Aguán, una rica y fértil región del departamento caribeño de Colón, en el nordeste de Honduras, es el epicentro del conflicto. Desde 2009, la disputa entre el poder terrateniente y la lucha campesina, se ha saldado con la muerte de hasta 60 campesinos y un periodista.

El pasado viernes 20 de julio, la policía y el ejército desalojaron a unas 250 familias campesinas (unas 1.300 personas) que ocuparon la finca Los Laureles, propiedad del terrateniente, multimillonario y productor de palma africana al frente de la empresa Corporación Dinant, Miguel Facussé, situada cerca del municipio de Tocoa. A raíz del último desalojo, el conflicto ha vuelto a repicar.

Desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, el conflicto agrario hondureño se ha intensificado exponencialmente, puesto que tanto el Gobierno golpista de Roberto Micheletti como el posterior de Porfirio Lobo Sosa, pararon el proceso de reforma agraria y de adjudicación de tierras que estaba implementando Zelaya.

Ocupación de fincas

Las ocupaciones de fincas en Bajo Aguán se iniciaron a finales de 2009. Miles de campesinos sin tierra, agrupados en el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), ocuparon y recuperaron, según afirma el portavoz del MUCA Vitalino Álvarez, hasta 20 fincas pertenecientes a Facussé situadas en los márgenes del río Aguán, en los municipios de Tocoa y Trujillo.

Durante la década de los 90, bajo la presidencia de Rafael Leonardo Callejas y mediante escrituras supletorias falsificadas y a través de otros procedimientos de dudosa legalidad, se adjudicó a empresas privadas y a particulares tierras pertenecientes al campesinado y a cooperativas agrarias, para la plantación de la lucrativa palma africana.

De este modo y según afirma Álvarez, las ocupaciones se conciben como intentos de recuperación de tierras usurpadas al campesinado y invocando la reforma agraria, como una reclamación de títulos de propiedad para la gente, que ha estado por varios años y décadas, trabajando esas tierras sin título. Otro de los objetivos de las ocupaciones es continuar denunciando el desigual acceso a tierras y el olvido gubernamental en que vive el campesinado en las zonas rurales hondureñas.

El pasado abril, unas 12.000 hectáreas de tierras y cultivos de palma africana de Facussé volvieron a ser ocupadas y, una gran parte, posteriormente desalojadas. A cada ocupación, Facussé obtiene órdenes judiciales para desalojar, mediante el Ejército y la Policía.

No obstante, en las fincas ocupadas y reocupadas que han persistido a los sucesivos desalojos violentos (como La Aurora, La Confianza o San Isidro), donde viven repartidas unas 5.000 personas, se han puesto en marcha cooperativas agrícolas de producción de palma africana y modelos comunitarios de autorganización y autogestión social y socialista de las fincas y los servicios educativos, sanitarios y de vivienda.

Asesinatos y desapariciones

El conflicto agrario en Bajo Aguán también ha derivado en asesinatos y desapariciones de líderes campesinos como Francisco Miranda, Matías Valle y Gregorio Chávez protagonizados por las fuerzas privadas de Facussé, la militarización de la región vía el operativo Xatruch y el surgimiento de batallones de autodefensa armados con kalashnikovs del movimiento campesino.

En paralelo, la lucha campesina en Bajo Aguán contra los terratenientes Facussé, René Morales y Reinaldo Canales se ha articulado también en la batalla judicial y la negociación política. A principios de junio pasado, el Gobierno de Lobo Sosa firmó un acuerdo entre las partes. El Gobierno compró a Facussé unas 2.500 hectáreas -que a su vez adquirió de forma fraudulenta-. Estos terrenos fueron entregados al MUCA que a su vez, los tendrá que pagar en el Estado bajo las condiciones exigidas por el Gobierno durante los próximos 15 años.

Adicionalmente, a finales del pasado mes de junio y por primera vez en la historia de Honduras, la judicatura restituyó al MARCA el derecho de propiedad sobre casi 2.000 hectáreas de tierra desposeyéndola de Facussé y Morales.

Rafael Alegría, presidente de la organización Vía Campesina, estimó hace unos meses que «el 40% de los agricultores se en cuentra en la extrema pobreza» y que esta situación «es insostenible porque el hambre no puede espera».

También destacó que Honduras, un país agrícola, importa la mitad de la mitad de su consumo de cereales, especialmente maíz, un alimento básico para 7,7 millones de hondureños, de los cuales el 60% vive por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial.

Aún con varios frentes abiertos en la lucha campesina y las pequeñas conquistas político-sociales en la región, como apunta Álvarez, Facussé sigue poseyendo y defendiendo -con total impunidad- la mayor parte de la tierra de Bajo Aguán que desde hace 18 años reclama el movimiento campesino originario. De este modo, a corto plazo, el conflicto, las violaciones de derechos humanos y la violencia, tienen muy pocas posibilidades de redimir.