El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, decretó ayer el archivo de la causa abierta por un supuesto fraude en la contratación de servicios informáticos por parte del Departamento de Justicia de Lakua, hecho que habría ocurrido en anteriores legislaturas y que fue denunciado por la actual consejera, Idoia Mendia. A juicio del fiscal, no se ha producido malversación ni prevaricación, lo que deja ahora a Mendia en una situación comprometida. Después de acusar a su antecesor de propiciar contratos «irregulares» por importe de 23 millones de euros, quien también ostenta el cargo de portavoz del Gobierno debe al menos comparecer para explicar qué motivó su actuación. No es de extrañar, además, que desde EA, partido que estaba al frente del departamento en la anterior legislatura, hayan exigido la dimisión de la consejera y de la viceconsejera María Victoria Cinto.

Este caso, que llevaba meses coleando, ha causado un gran perjuicio a la imagen de varias personas, con el exconsejero Joseba Azkarraga a la cabeza, y también a las empresas implicadas, Indra e Ibermática. Y desde el punto de vista político, el desenlace ha convertido al actual Ejecutivo en el principal damnificado, ya que su credibilidad, que nunca ha sido boyante, ha quedado muy tocada. Resulta complicado entender qué pretendía la consejera al lanzar esa denuncia y hacerlo en términos tan severos como los que reflejan las hemerotecas, porque torpeza de tal magnitud no es habitual, ni siquiera en un Gabinete tan acostumbrado al error.

En cualquier caso, además de poner de relieve el grado de irresponsabilidad que guía a los actuales mandatarios autonómicos, este asunto ha servido para conocer una forma de trabajar en la administración que no por habitual y generalizada, o porque no sea ilegal, es necesariamente óptima. Al contrario, de lo ocurrido cabría esperar que se acordaran sistemas y protocolos de trabajo menos opacos y más fácilmente mensurables. También se puede aprender de los disparates.