El Fiscal Superior del Pa�s Vasco, Juan Calparsoro, decret� ayer el archivo de la causa abierta por un supuesto fraude en la contrataci�n de servicios inform�ticos por parte del Departamento de Justicia de Lakua, hecho que habr�a ocurrido en anteriores legislaturas y que fue denunciado por la actual consejera, Idoia Mendia. A juicio del fiscal, no se ha producido malversaci�n ni prevaricaci�n, lo que deja ahora a Mendia en una situaci�n comprometida. Despu�s de acusar a su antecesor de propiciar contratos �irregulares� por importe de 23 millones de euros, quien tambi�n ostenta el cargo de portavoz del Gobierno debe al menos comparecer para explicar qu� motiv� su actuaci�n. No es de extra�ar, adem�s, que desde EA, partido que estaba al frente del departamento en la anterior legislatura, hayan exigido la dimisi�n de la consejera y de la viceconsejera Mar�a Victoria Cinto.

Este caso, que llevaba meses coleando, ha causado un gran perjuicio a la imagen de varias personas, con el exconsejero Joseba Azkarraga a la cabeza, y tambi�n a las empresas implicadas, Indra e Iberm�tica. Y desde el punto de vista pol�tico, el desenlace ha convertido al actual Ejecutivo en el principal damnificado, ya que su credibilidad, que nunca ha sido boyante, ha quedado muy tocada. Resulta complicado entender qu� pretend�a la consejera al lanzar esa denuncia y hacerlo en t�rminos tan severos como los que reflejan las hemerotecas, porque torpeza de tal magnitud no es habitual, ni siquiera en un Gabinete tan acostumbrado al error.

En cualquier caso, adem�s de poner de relieve el grado de irresponsabilidad que gu�a a los actuales mandatarios auton�micos, este asunto ha servido para conocer una forma de trabajar en la administraci�n que no por habitual y generalizada, o porque no sea ilegal, es necesariamente �ptima. Al contrario, de lo ocurrido cabr�a esperar que se acordaran sistemas y protocolos de trabajo menos opacos y m�s f�cilmente mensurables. Tambi�n se puede aprender de los disparates.